El hundimiento

Artículo publicado por José Alberto León Alonso en El Día el 22/05/16.

Venezuela está a un paso de quebrar…otra vez. Será la séptima quiebra desde 1950, todo un récord mundial. Y no veremos una quiebra controlada y ordenada, no. Asistiremos a una quiebra desordenada al estilo de la argentina de 2001, y de una dimensión parecida. El país se enfrenta a una gestión económica espantosa y desastrosa en medio de una crisis política e institucional similar a la ucraniana de 2013, lo que puede acabar degenerando incluso en un enfrentamiento civil como el que asola ese país desde hace tres años. Un completo desastre.

Venezuela es una economía que exporta un solo producto, petróleo, y que ha venido liquidando progresivamente su infraestructura industrial y poniendo sus actividades productivas más importantes bajo el control absoluto del gobierno. Mientras el precio del crudo creció todo fue bien. En los 14 años que estuvo Hugo Chávez en el poder (1999-2013), el petróleo multiplicó su precio por diez, pasando de 10 a 100 dólares el barril, y su moneda, el bolívar, se depreció más del 90%. Dado que el petróleo se comercia en dólares, los ingresos del Estado en bolívares por cada barril de petróleo exportado se multiplicaron por cien durante su mandato. Esa inmensa cantidad de dinero permitió al Gobierno de Chávez disparar el gasto público, reducir la pobreza y el desempleo, ganar elecciones y mantener a flote una economía cada vez más ineficiente, en la que el control de cambios y de precios provocaba toda clase de distorsiones, ahuyentando la inversión extranjera y golpeando a la industria local. Lo cierto es que en los últimos quince años el Gobierno venezolano ha dispuesto de los mayores recursos jamás obtenidos y, sin embargo, ha convertido la economía venezolana en un erial con problemas estructurales de inflación, desabastecimiento, desindustrialización y controles de todo tipo. 

Con el precio del barril de petróleo actualmente en torno a 49 dólares el barril, todo el entramado de subsidios del régimen chavista se ha venido abajo y la fijación arbitraria del precio de los bienes básicos genera escasez y desabastecimiento, que ahora afecta a todo tipo de artículos. El mantenimiento de una economía subsidiada ha conducido a un déficit público del 20% y a una caída del 10% del PIB en 2015. Abandonado como un paria del sistema productivo mundial, ha perdido el 25% de su PIB en apenas cuatro años y la inflación se acercará este año al 720%.

Para hacer frente a esta situación, a principios de enero al gobierno de Maduro no se le ocurrió otra cosa que poner al frente de la economía de Venezuela a un ministro, Luis Salas, afín al ala más radical del chavismo, liderada por cierto por uno de los economistas de cabecera de Podemos, Alfredo Serrano. Curiosamente, pese a ser licenciado en sociología (y no en economía) Luis Salas impartía clases de economía política en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Así que, con esos antecedentes, no resulta extraño que afirmara que “la inflación no existe en la vida real,… sino que es el correlato económico del fascismo político.” O que la ley de oferta y demanda tampoco existe, pues “los precios aumentan no por la escasez en sí misma, sino por el afán de lucro individual a través de la explotación del otro”. Todo un alegato marxista-leninista más propio del siglo XIX que del XXI, y un digno ministro para un Presidente que se comunica con Chávez en el más allá a través de pajaritos. Duró apenas 39 días al frente de la economía del país. Ahora Maduro ha declarado el estado de emergencia económica, pero para Venezuela es simplemente demasiado tarde. El país colapsará más temprano que tarde y solo cabe apostar si será cuestión de días, semanas o meses, pues resulta imposible mantener más tiempo una economía en estado de coma irreversible. Las autoridades venezolanas (estas u otras) acabarán pidiendo más temprano que tarde la intervención del Fondo Monetario Internacional para recibir los fondos indispensables con los que poner orden en las finanzas del país, que nadie en su sano juicio les prestaría. Esto marcará el fin del régimen bolivariano, pero no habrá por dónde coger a un país arruinado. Deberá eliminar buena parte de la economía subvencionada por el chavismo, lo que generará las condiciones para que otro salva patrias surja de nuevo, ya que dispondrá de un chivo expiatorio externo al que culpar de todos los males. Y vuelta a empezar en busca de la octava quiebra.

Hay demasiada gente desesperada en Venezuela, y la desesperación puede conducir a un estallido de violencia, que nadie desea. Con una popularidad del 20%, Maduro no está capacitado para liderar un país quebrado, pero tampoco está dispuesto a abandonar el poder pacíficamente. Ha decretado el estado de excepción en Venezuela, prohibiendo las manifestaciones y limitando las comunicaciones privadas y públicas, con el pretexto de “hacer frente a las amenazas nacionales e internacionales contra el Estado”. Con esta medida ha dado el último paso que le faltaba para convertir lo que ya era un país de “escasa calidad” democrática (en el que se celebran elecciones, pero con puntuales pucherazos electorales, y donde no existe una justicia y unos medios de comunicación independientes), en una dictadura pura y dura. Venezuela es uno de los 38 estados en la lista negra de la ONU por violación de los Derechos Humanos. Amnistía Internacional indicó que los cargos del régimen contra los disidentes “sugieren la existencia de un intento de motivación política de silenciar la disidencia en el país”. Human Rights Watch defendió que el Gobierno venezolano “ha adoptado abiertamente las tácticas habituales de los regímenes autoritarios, y ha encarcelado a opositores, censurado medios de comunicación e intimidado a la sociedad civil”. Presenciamos el hundimiento de un régimen, pero aterra imaginar cuáles serán los últimos coletazos que sus autocráticos dirigentes estarán dispuestos a asestar al pueblo para mantenerse en la poltrona.