Votar sin debatir no es democrático

Artículo publicado por José Alberto León Alonso en El Día el 26/06/16.

Tras mi último artículo sobre el Brexit algunos lectores me han pedido que desarrolle más mi propuesta de democracia deliberativa. Se trata de una de las herramientas analizadas dentro de la teoría de la decisión, un área interdisciplinaria relacionada con la economía, la psicología, las matemáticas y la sociología, que analiza cómo toman sus decisiones los agentes sociales. 

Tenemos, no un dilema, sino un “trilema”, a la hora de elegir entre democracia electiva, directa o deliberativa. Ningún sistema cumple con las tres condiciones requeridas para una democracia perfecta: igualdad política, participación masiva y deliberación informada y razonada. Las dos primeras se cumplen con la democracia directa o plebiscitaria. Las dos últimas con la democracia electiva, y la democracia deliberativa cumpliría con la igualdad y la deliberación, pero no con la participación masiva. 

Los defectos de la democracia electiva están claros y se resumen en una desconexión entre los electores y los elegidos, quienes, a la hora de elaborar las leyes, se dejan influenciar por los grupos de presión en perjuicio del interés de los ciudadanos, menos informados e involucrados en el día a día legislativo. La ventaja de la democracia electiva es que, se supone, los elegidos disponen del tiempo y los recursos necesarios para tomar una decisión informada sobre asuntos, en ocasiones, muy complejos, lo que no resultaría posible en una democracia directa.

Lo ideal sería que los millones de ciudadanos deliberaran y tomaran decisiones de forma directa, pero la mayor parte no están realmente interesados en dedicar su tiempo libre y sus esfuerzos a estos asuntos, ni piensan que su opinión sea realmente relevante, pues es una entre varios millones. El coste de informar a millones de personas sería ingente, y, además, son vulnerables a la manipulación, pues reciben información incompleta, falseada y escasa, basada en latiguillos repetidos y fáciles de recordar, dada la escasa atención que le prestan al asunto. Los ejemplos de los referéndums sobre la independencia de Escocia o el Brexit son buenos ejemplos de decisiones trascendentales donde la información recibida por los ciudadanos es incompleta e interesada, y donde frecuentemente los argumentos emocionales superan a los racionales. Y, sin embargo, esos ciudadanos mal informados y que han dedicado poco tiempo y esfuerzo para tomar una decisión razonada, tendrán que asumir después las consecuencias de su decisión colectiva. A través de la deliberación se intentaría conseguir que la mayoría de las personas estén de acuerdo con la solución que se va a tomar o el camino que van a seguir. Para ello, un microcosmos representativo de la población que delibere podría ser un second best, no es el ideal sino el que más se aproxima, ya que ofrecería una imagen de lo que el pueblo pensaría si dedicara el tiempo y el esfuerzo necesario para informarse, si la información fuese completa y no sesgada, y si pensara que su decisión era relevante tanto por su peso como por las consecuencias de la misma.

Un ejemplo exitoso mixto de democracia deliberativa y directa lo tenemos en uno de los estados americanos más proclives a consultar casi cualquier cosa a la ciudadanía: Oregón, en el que en 1904 se celebró la primera consulta popular en Estados Unidos. En los últimos años estas iniciativas estaban recibiendo críticas cada vez más furibundas pues, en muchos casos, detrás de las Iniciativas Legislativas Populares (ILP) se escondían grupos de interés muy particulares (lobbies) y bien organizados, que se encargaban de recoger las firmas necesarias y gastar grandes sumas de dinero en campañas publicitarias donde tergiversaban o escondían información relevante al público, sin que otro grupo con similar interés los confrontara y contradijera. La táctica de estos grupos de interés era lograr votos, no informar, por lo que los datos que ofrecían estaban tergiversados. Asimismo, la multiplicación de iniciativas populares de todo signo llevaba a participaciones cada vez más bajas en las consultas organizadas, donde apenas votaban entre un 10% y un 30% de los votantes inscritos, reduciendo su legitimidad democrática.

Por todo ello, desde 2011 en Oregón se ha legislado que un panel de ciudadanos revise, debata y apruebe conclusiones acerca de las ILP que se presenten para ser sometidas a referéndum. Para cada una de ellas, se selecciona de forma aleatoria y proporcional a la población un grupo de 24 ciudadanos para que revisen cada iniciativa. Los ciudadanos seleccionados se reúnen de tres a cinco días y se les compensa con dietas por asistencia y viaje. Durante esos días se entrevistan con expertos independientes, así como con grupos que apoyan o rechazan la propuesta que se va a someter a referéndum. Finalmente, deliberan sobre lo que han escuchado y elaboran una “Declaración Ciudadana” en la que destacan las conclusiones más relevantes alcanzadas tras el debate, así como los más importantes argumentos a favor y en contra. Esta declaración se entrega en cada hogar antes del referéndum, con el fin de proporcionar a los ciudadanos la información no partidista lo más imparcial posible sobre el asunto a votar. Las investigaciones independientes realizadas en el año 2012 demostraron que las declaraciones ciudadanas eran imparciales, ampliamente usadas por los ciudadanos y que la mayoría de éstos las consideraban la herramienta más útil para decidir su voto.

Esta iniciativa ha sido galardonada en 2013 con los premios al mejor proyecto nacional y al internacional por la International Association for Public Participation. Considero que es una iniciativa bien encaminada y a tomar en cuenta para conjugar lo mejor de la democracia directa y la deliberativa. No se trata de un procedimiento de decisión basado necesariamente en el consenso, pero sí de un prerrequisito de la votación mayoritaria, bajo la premisa de que votar sin discutir no es democrático.