Panamá, Panamá

Artículo publicado por José Alberto León Alonso en El Día el 17/04/16.

La aparición de los llamados “papeles de Panamá” es una masiva filtración de 11,5 millones de documentos que ha dejado al descubierto la relación de importantes figuras mundiales con el despacho de abogados panameño Fonseca, el quinto del país. España, faltaría más, tiene sus nombres propios incluidos en esa lista: según El Confidencial y La Sexta, entre esos millones de documentos hay 1.200 sociedades, 558 accionistas, 166 intermediarios y 89 beneficiarios españoles.

Como siempre en estos casos, el ruido que acompaña a la noticia dificulta la capacidad de los ciudadanos de separar el grano de la paja, lo sustancial de lo accesorio. Intentaré en este artículo hacer un esfuerzo en ese sentido.

Para empezar, ¿para qué sirve una sociedad en Panamá? A primera vista, ese país es un lugar donde los impuestos son muy bajos y parece un buen refugio para quién haya podido acumular algunos fondos y no desee que el insaciable fisco doméstico se quede con una buena parte de ellos. La inmensa mayoría de los titulares (que no la inmensa mayoría de los fondos) de esas empresas son personas que han obtenido su patrimonio de actividades perfectamente legales: artistas, deportistas, empresarios, profesionales o simplemente herederos de fortunas, que no desean hacer frente a los fuertemente progresivos impuestos sobre la renta de los países donde residen. En el pasado (durante los años ochenta y noventa) existían además buenos motivos operativos para que una empresa mantuviera cuentas en el extranjero si trabajaba con empresas extranjeras. Las transferencias internacionales eran complicadas desde y hacia España por retrasos y trabas de todo tipo, y con este fin resultaba más práctico utilizar una cuenta en estos países, donde estaban más habituados a esta clase de transacciones. Pero estas dificultades operativas hace tiempo que desaparecieron.

¿Son legales esas sociedades? Por supuesto que sí. Pero si son legales, ¿a qué viene este escándalo? Hasta ahora, las informaciones periodísticas no han puesto de manifiesto delito alguno, ni siquiera fiscal. Al fin y al cabo, cualquier residente en España debe tributar en nuestro país por todos sus ingresos, hayan sido obtenidos éstos en España o en el extranjero, incluidos los paraísos fiscales. Es decir, para un residente en España (alguien que vive en nuestro país durante más de la mitad del año), siempre que cumpla con sus obligaciones fiscales y declare las rentas obtenidas en el extranjero, no hay beneficio fiscal alguno en la reducida fiscalidad de los paraísos fiscales. Debe tributar por todos los ingresos obtenidos en todo el mundo. Pero entonces, si para un residente en España que cumple sus obligaciones no hay beneficio fiscal en crear una sociedad en esos territorios, ¿por qué lo hacen? 

Algunos por la seguridad de tener sus ahorros repartidos en diferentes países a salvo de contingencias nacionales (corralitos, embargos, quiebras nacionales, etc.), lo que es hasta razonable según donde vivas. Después de todo, España estuvo a un tris de irse al garete hace menos de un lustro y muchas familias buscaron en estos refugios la manera de salvar sus ahorros de la eventualidad de un bloqueo de las cuentas y una conversión forzosa en una nueva peseta de escaso valor. No digamos nada si vives en Argentina y Venezuela, que quiebran cada veinte años.

Otros porque no declaran las rentas allí obtenidas, y eso sí que es ilícito y hasta inmoral, especialmente si en tu país de residencia te beneficias de subvenciones que no contribuyes a sufragar. Aun así, no es éste el principal problema de fraude. Las estimaciones más optimistas de los impuestos potencialmente defraudados por la existencia de paraísos fiscales apenas ascienden al 1% de los ingresos tributarios de los Estados, lo que en España supondría algo más de 4.000 millones de euros. Teniendo en cuenta que el déficit de 2015 en nuestro país ascendió a 55.000 millones de euros, esa cifra apenas supone el 7,2% del total del déficit. Es un pico, pero no solucionaría ninguno de nuestros problemas de fraude fiscal, localizados en pagos realizados en efectivo en nuestro propio país y no declarados.

Y finalmente unos pocos, pero que mueven la mayoría de los fondos, porque utilizan las sociedades pantalla con el fin de blanquear dinero. Y es que la gran popularidad de los paraísos fiscales se debe al secreto que imponen en las transacciones. Un paraíso fiscal no intercambia información con las autoridades fiscales de otros países. Nada se sabe de las entradas y salidas de dinero desde las cuentas de la sociedad creada, ni de sus participaciones en otras sociedades de, habitualmente, otras sociedades radicadas en otros paraísos fiscales. La práctica habitual para quien desea eludir los controles es crear una sociedad pantalla en uno de estos paraísos y que sea esta sociedad la que participe de otras, que a su vez participan de otras que finalmente tienen el dinero depositado en otro país. Todo ello para esconder el nombre del verdadero dueño de ese dinero.

Lo más grave es que esta minoría encubre los resultados de actividades ilícitas y utilizan esas y otras sociedades con el fin de blanquear el dinero de esas actividades delictivas y reintroducirlo en la economía real. Así, el tráfico de armas, de drogas, la trata de blancas, el terrorismo internacional y sátrapas de todo pelaje utilizan estas sociedades pantalla para ocultar los resultados de sus actividades ilegales. Los paraísos fiscales se han convertido en depuradoras de dinero negro y refugio de grupos organizados de delincuentes. Y ante ese hecho sí que los países deben actuar imponiendo sanciones no a los países con baja tributación, sino a los que no colaboren suministrando información. Pero para ser efectivo debe ser un esfuerzo coordinado entre la mayoría de los países desarrollados, que nunca se ha producido. Quizás porque no les interesa.