Artículo publicado por José Miguel González Hernández en el número de octubre de La Gaveta Económica.
En las actuales circunstancias es necesario afrontar la falta de vitalidad sostenida de la actividad económica, disminuyendo drásticamente los índices de desempleo con la consiguiente mejora de los procesos de redistribución de la renta generada. Pero al mismo tiempo, se debe añadir el objetivo de consolidar la estructura económica para que no sufra en el futuro los efectos perniciosos con la intensidad del pasado y el presente a la vez de potenciar los que han tenido un signo positivo. En definitiva, cualquier propuesta debe ser consustancial a la disminución de la vulnerabilidad y de la dependencia que muestra ciclo tras ciclo nuestra economía y sociedad.
Es por lo que se deben diseñar estrategias regionales basadas en el ejercicio de un liderazgo estratégico para abordar la innegable interdependencia de nuestras economías. Bajo esta premisa, la estrategia debe tener un doble objetivo interrelacionado. Por un lado, el favorecer un desarrollo económico sostenido y, por otro, el conseguir un mayor nivel de cohesión económica y social.
Para ello es necesario dotar a la estructura económica productora y distribuidora de mayores cotas de competitividad, incorporando altos niveles de conocimiento, con la finalidad de competir en excelencia, de forma que el conocimiento aplicado a las actividades de producción y distribución tiene una finalidad defensiva, es decir, orientada a la superación de la vulnerabilidad que es consustancial a las economías desconcentradas de los aparentes ejes estratégicos y a la escasa magnitud del mercado interior junto a una finalidad activa, en el sentido de tender a la mejora constante de los bienes y servicios producidos y de la forma de producirlos.
En el caso de las economías regionales de pequeña dimensión, y alejadas de los grandes mercados se reduce su vulnerabilidad mejorando la accesibilidad. Por lo tanto, se deben desmantelar los obstáculos que se traducen en costes y tiempos operativos en el flujo de bienes, servicios y conocimientos. De esta manera se integrarían los mercados próximos disminuyendo, además, la distancia económica con los geográficamente alejados.
En definitiva, se trata de superar los condicionantes que se relacionan con el déficit de accesibilidad, promoviendo una estrategia conducente a que las empresas sean más competitivas junto con Administraciones Públicas más eficientes en lo que a la provisión de servicios y bienes públicos se refiere, de forma que la logística del transporte de personas, bienes, servicios e ideas adquiere una importancia capital.
Es por lo que, con la finalidad de crecer en dimensión, se debe tener como prioridad la maximización de la conectividad relacionada con la movilidad de personas y mercancías. Así y todo, no debemos olvidar que la ventaja absoluta que supone la localización estratégica en la economía del siglo XXI no garantiza el posicionamiento permanente en los mercados, que es lo que da estabilidad al sistema y permite minimizar el coste económico y social de las recesiones. Asistimos a un continuo cambio por lo que hay que apostar por una continua adaptación.
Y, para que ese hecho se convierta en una ventaja competitiva, necesita los proyectos económicos, sociales y medioambientales adecuados que pueden y deben desarrollar un núcleo de crecimiento económico, con la consiguiente generación de empleo directo e indirecto. Ahora bien, debe haber coordinación siendo todos necesarios, perdiendo efectividad si cada uno de los proyectos van por separado y desvinculados entre sí.
Todas estas particularidades hacen que, cuando se habla de los cambios en el denominado modelo productivo, hay que concretar las medidas necesarias para desarrollar un marco económico y fiscal que propicie los incentivos necesarios para la inversión, empleo y cohesión social, así como la recaudación necesaria para una óptima provisión de bienes y servicios públicos preferentes. Claro está, hay que tener acceso a estructuras de financiación, planes de inversiones y apoyo sectorial junto a un desarrollo indispensable de un sistema de medidas relacionadas con la innovación.
En este sentido, la competitividad de una región depende de su predisposición a la innovación, así como del precio de sus inputs, junto al grado de internacionalización. De igual modo, se ve condicionado por el nivel de renta per cápita, la productividad de los factores y la estructura productiva y socioeconómica con relación a otras regiones. Por ello hay que generar sinergias que apuesten por el crecimiento económico, la cohesión económica y social y el compromiso con la calidad de vida. De esta suerte, las prioridades se definen a través de la estabilidad del crecimiento económico a largo plazo, la cohesión económica y social en términos de igualdad de oportunidades, la reducción de las desigualdades de renta, la desaparición de la exclusión social y la responsabilidad en el uso de los recursos naturales centrado en el compromiso de las generaciones actuales con el largo plazo, sin dejar de lado la indispensable y necesaria inversión en capital humano, al ser éste sobre el que pivotará todo el sistema.