Artículo publicado por José Alberto León en El Día el 28/06/15.
Las recientes declaraciones del gobernador del Banco de España, Luis Linde, que afirmó este miércoles que el sistema público de reparto de las pensiones “lleva de modo inexorable a una reducción de las pensiones a largo plazo” han levantado una gran controversia mediática. Linde destacó la necesidad de ser realistas sobre el futuro del modelo público de pensiones, un sistema que es “indispensable” y que no se puede “reemplazar por razones obvias”, pero que ha de afrontar el importante problema de la evolución demográfica. “Tenemos un problema demográfico muy claro, de caída muy brusca y profunda de los nacimientos y una mayor esperanza de vida”, explicó Linde, quien agregó que “eso no lo resuelve un Gobierno con una ni varias leyes”. \»Hay que decirlo\», ha afirmado a los portavoces parlamentarios. \»No decirlo es ocultar la realidad a los españoles esto hay que manifestarlo con claridad\», ha reivindicado.
Tocan hueso las declaraciones de Linde, porque lo cierto es que los políticos llevan años ocultando y faltando a la verdad en este tema. Siempre que me preguntan sobre la sostenibilidad de nuestro actual sistema pensiones contesto que cualquiera que sepa realizar las cuatro operaciones matemáticas básicas (sumar, restar, multiplicar y dividir), y que tenga interés en aplicarlas a nuestro futuro sistema de pensiones, llegará a la misma conclusión: es insostenible. Decir lo contrario es faltar a la verdad o ser analfabeto.
La evolución demográfica hace imposible que el sistema español de pensiones públicas pueda seguir ofreciendo las prestaciones actuales, y la actual coyuntura de recesión económica no ha hecho más que acelerar el momento en el que la seguridad social entrará en quiebra técnica. El actual déficit es de casi 25.000 millones de euros, que se está cubriendo en parte con la “hucha” de las pensiones y en parte con impuestos. Ni siquiera creando medio millón de empleos al año sine die se enjugará nunca el déficit.
El gasto en pensiones sube imparable por tres fuerzas inapelables: 1) entra más gente en la edad de jubilación de la que “sale”, 2) la pensión media sube, ya que las bases de los que entran son superiores a la media, y 3) se pierden cotizantes a la seguridad social por la destrucción de empleo generada por la recesión económica.
De todos esos factores, el primero es el que el Gobernador del Banco de España llama “inexorable”. Los otros dos pueden ser coyunturales, pero tienen menos impacto. En 2009 existían 7,6 millones de pensionistas sobre una población de 45,8 millones de habitantes (un 16,5% del total), y el INE estima para 2029 que los pensionistas serán 11 millones (el 23% de la población española) y en 2049 15,3 millones sobre 48 millones de habitantes (el 32%). El doble de pensionistas con básicamente la misma población que ahora, en un sistema que ya es deficitario. El actual modelo de pensiones sigue el criterio de reparto tal y como se estableció en los años sesenta. El funcionamiento es simple: con los ingresos de las cotizaciones sociales se pagan las pensiones a los mayores. Cuando se puso en marcha todo era perfecto: había mucha gente joven y pocos jubilados. Pero la realidad social en España ha cambiado, la esperanza de vida ha aumentado y las cotizaciones no llegan ni llegarán para pagar las pensiones. La evolución demográfica hace imposible seguir ofreciendo las prestaciones actuales.
Así que, pese a las tres últimas y recientes reformas del sistema de pensiones, al gobierno que le toque gestionar el país en la próxima legislatura le tocará hacer una nueva. ¿En qué sentido? Pues el sentido común dice que habrá que tocar todos los palos… vincular la pensión cobrada con lo cotizado durante toda la vida laboral y no solo los últimos 25 años, para así reducir la cuantía de las nuevas pensiones; seguir retrasando la edad de jubilación para que el número de años en el que se cobra la pensión se mantenga en el nivel actual (unos 21 años de media) y no se incremente con la esperanza de vida; y sacando del sistema de pensiones a unos beneficiarios (pensiones no contributivas, de viudedad y de orfandad), que no están directamente vinculados con el trabajo y la seguridad social, sino con la asistencia social y que, por lo tanto, deberán pagarse con impuestos, eso sí, previo ajuste de las condiciones de cobro, porque pagar pensiones de forma vitalicia a viudas/os de 25 años no lo hace ningún país del mundo, salvo el nuestro. Y es que hay más de veintiocho mil perceptores de pensiones de viudedad menores de 45 años, compatibles con cualquier otra pensión y/o remuneración por trabajo, que recibirán un acumulado de unos 13.000 millones de euros por este concepto a lo largo de su vida. A casi medio millón de euros por cabeza. No es que les haya tocado la lotería, pero se le parece.
Por el lado de los ingresos poco se puede hacer porque las cotizaciones a la seguridad social en España son de las más altas en Europa y suponen un impuesto al trabajo que conduce a una mayor tasa de desempleo. Como mucho, “destopar” el máximo de la base de cotización (ahora en 3.606 euros mensuales) para que los salarios elevados paguen proporcionalmente en función de lo que cobren, sin límite máximo.
Todo ello nos conduce a un futuro con menores pensiones durante menos tiempo. Nada nuevo. Los jubilados europeos reciben una pensión pública que supone alrededor del 42% de su última nómina, mientras que los jubilados españoles cobran en torno al 75% de su salario en activo en forma de pensión. Hay recorrido de bajada. Como conclusión, un mensaje claro. Más allá de toda convicción ideológica o partidista, hay una realidad económica inexorable: el actual sistema de pensiones no se puede mantener y las pensiones futuras serán más bajas que las actuales. El que diga lo contrario, o no sabe sumar o miente.