Artículo publicado por José Alberto León Alonso en El Día el 29/05/16.
La pasada semana se supo que la deuda pública había alcanzado en España el nivel psicológico del 100% del PIB, un nivel que no se veía en nuestro país desde 1909, como resultado del endeudamiento provocado por las desastrosas guerras del 98. La diferencia es que aquel año España estaba saliendo de una crisis y reduciendo la deuda. Ahora está subiendo. Como la deuda se convirtió en impagable, para solucionar entonces la cuestión se acabó recurriendo a las quitas de la deuda. La alternativa tradicional en España.
Quebrar e impagar la deuda, una vez más. No en vano, la bancarrota de las finanzas es casi una tradición histórica española que se viene repitiendo desde el siglo XVI. Nuestro país fue el primero en crear bonos y también el primero en dejar de pagarlos. Ostentamos el record mundial de quiebras. Nada menos que trece desde Felipe II. La última durante la guerra civil, aunque desde entonces han pasado ochenta años, y ahora, dentro de la UE y convertido en un país “serio”, no es una opción para España, excepto para algunos iluminados.
En España, la deuda ha pasado de suponer el 36% del PIB en 2007, a superar el 100% en 2016. No es el único caso en la zona euro, ya que otros países como Grecia (176,9%), Italia (132,7%), Portugal (129%), Bélgica (106%) y Chipre (108,9%) sobrepasan también ese límite. Ni que decir tiene que Grecia está quebrada de facto y jamás devolverá esa deuda, de modo que más tarde o temprano tendrá que someterse a una reestructuración (esperemos que ordenada) de la deuda. Eso sí, nadie le volverá a prestar dinero en décadas, tal y como la viene sucediendo a Argentina desde la quiebra de 2001. Italia superó el 100% de deuda sobre el PIB en 1992 y jamás ha logrado reducirlo de esa cifra. Portugal superó el 100% en 2011 y ahora alcanza el 129%. Tampoco parece que vaya a salir nunca de esa espiral. Ninguno de estos países es un modelo a seguir ni forma parte de los países con mayor bienestar de Europa.
Lo que intento decir es que reducir la deuda por debajo del 100% es muy complicado. Ningún país ha sido capaz de reducir de forma relevante y permanente su endeudamiento sin reestructuración o impago después de haber alcanzado el 100% del PIB, ya que esa enorme deuda obliga a destinar un porcentaje importante de los ingresos tributarios a pagar sus intereses. Incluso en unas condiciones de financiación tan ventajosas como las actuales debido a las compras de deuda soberana por parte del Banco Central Europeo (BCE), a España el pago de los intereses de la deuda le costará durante los próximos años alrededor de unos 30-35.000 millones de euros. La compra de deuda por parte del BCE reduce artificialmente la prima de riesgo y genera una sensación de tranquilidad engañosa. En cuanto el BCE deje de comprar deuda soberana el pago de esos intereses escalará hasta alrededor de los 40.000 millones de euros anuales. Eso quiere decir que deberíamos destinar un buen pellizco de nuestros impuestos para pagar los intereses durante muchos años, lo que significa que la política fiscal futura deberá ser aún más restrictiva y reducirá la tasa de crecimiento y generación de empleo.
Lo que el análisis histórico de las crisis financieras en el mundo durante los últimos ocho siglos dicen es que una vez que la deuda pública sobrepasa el 80% del PIB comienza a tener efectos negativos. Hay quien piensa que España vive inmersa en un clima de austeridad, pero nada más falso. Una economía con un déficit del 5% del PIB cuando crece al 3% es una economía que vive por encima de sus posibilidades.
El hecho de que un país se endeude no es intrínsecamente negativo. Cuando esa deuda se destina a invertir en infraestructuras que generarán renta y bienestar futuro, no hay nada de malo en endeudarse. Después de todo, si nuestros hijos y nietos disfrutarán de los hospitales, carreteras y centros educativos que construyamos hoy, justo es que colaboren en el futuro para pagarla. Pero las administraciones públicas no se están endeudando para financiar infraestructuras, sino gasto corriente. En 2016, el sector público tiene previsto invertir en infraestructuras 24.000 millones de euros (el 2,2% del PIB), mientras que destinará 32.000 millones (el 2,9%) a satisfacer los intereses de la deuda y 30.000 millones (el 2,7%) a financiar el déficit estructural de las pensiones. Este último crecerá inexorable y paulatinamente en los próximos 20-30 años hasta los 60.000 millones de euros (de ahora) por el envejecimiento de la población.
En precampaña electoral, nadie habla de cómo reducir la deuda pública cuando el envejecimiento acelerado de la población en España nos aproxima a una crisis demográfica sin precedentes, que hará que los gastos en sanidad y pensiones se multipliquen al mismo tiempo que una población cada vez menor se vea obligada a devolver una deuda cada vez más abultada. De nada de eso se habla porque en España no se toman decisiones ni se hacen reformas cuando se crece, que es cuando resulta más sencillo digerirlas, sino cuando estamos al borde del abismo. La compra de deuda soberana por parte del BCE, que reduce nuestro pago por intereses hasta un nivel digerible, abre para España una pequeña ventana de oportunidad para librar a las próximas generaciones de una carga insoportable, pero no he escuchado a ningún partido político comprometerse a destinar el exceso de ingresos derivado de un alto crecimiento a reducir la deuda y no al gasto corriente. No a acometer nuevos recortes, sino simplemente a destinar los ingresos derivados de un elevado crecimiento a devolver las deudas. Al contrario. Todos prometen gastar más y/o reducir los impuestos como si no hubiera un mañana. Y el mañana está a la vuelta de la esquina. El número de defunciones supera ya por primera vez al de nacimientos en España. España se convertirá en poco tiempo en el país más envejecido de Europa. El mañana ya está aquí.