El fenómeno de la concertación y del diálogo social supone una forma de integración entre los dos grandes poderes operantes en el marco del sistema de relaciones laborales, el poder normativo y el poder jurídico–social de la autonomía colectiva, de ahí que la transformación de las instituciones es necesaria habida cuenta de los cambios sociales que se experimentan.
Una
vez más los propósitos se renuevan. Uno de los primeros a tener en
cuenta debería ser el de apostar por dotar de mayor maduración a
los sistemas democráticos de participación. Además, la demanda de
este tipo de procesos se hace más latente cuando se detecta que
falta, por un lado, armonizar la satisfacción de los derechos y
deseos privados reclamados por individuos y grupos y, por otro,
responder a las necesidades funcionales del sistema. De hecho, el
diálogo se hace necesario para establecer una forma específica de
gobierno, diseñando una situación ideal o hipotética en la que se
abstrae la realidad para, partiendo de su descripción concreta,
intentar justificar el libre sometimiento a un cuerpo gubernamental,
dado que el poder sólo es legítimo si es consentido por cada
individualidad, sobre todo si se puede ser parte de este como
modulador y planificador de las normas.
A
través de estos acuerdos se contraen compromisos destinados a
encuadrar una conducta, mediante el esfuerzo conjunto, con la
finalidad de proceder a la superación de las dificultades económicas
y a la conducción de las relaciones sociales en beneficio de los
intereses generales. Esta práctica corresponde a un tipo de política
de acuerdo social en la que los protagonistas conciertan sus
voluntades para enfrentar diferentes situaciones. El fundamento de la
concertación, el diálogo y la negociación reposa en la existencia
de grupos intermedios en la sociedad con intereses, derechos y fines
propios, dotados de autonomía colectiva autorregulan sus relaciones
profesionales y procuran incidir en el rumbo de las políticas
económicas y sociales que toma el poder político.
Ahora
bien, la concertación social puede ser presentada desde dos puntos
de vista: como una nueva forma de intervencionismo o como una nueva
forma de negociación colectiva, entendiéndola desde una concepción
amplia. Porque el diálogo social surge como uno de los mecanismos
para evitar el probable conflicto derivado de la gestión del
pluralismo en las sociedades democráticas. Así, las organizaciones,
a través de los consensos pasan a tener el papel de participantes en
lugar de meros espectadores. Por ello, los procesos de concertación
social afectan necesariamente el ejercicio del poder, pues suponen
que el escoger una opción que constitucionalmente corresponde a la
Administración Pública, le sujeta a una negociación entre ésta y
los actores sociales, a fin de lograr un consenso, ya no solo de
orden parlamentario, sino político y social, confiando en la fuerza
organizativa para suplir la posible carencia de legitimidad.
Esta
opción como instrumento se justifica si atendemos a su concepto
amplio y comprensivo de todas las formas de trato y relación de los
actores sociales sobre el conflicto y al hecho que el desarrollo de
la negociación colectiva desborda las definiciones tradicionales,
que apuntan al procedimiento bilateral y autónomo tendiente a
celebrar un acuerdo normativo para la determinación de unas
condiciones determinadas como solución a los conflictos colectivos
existentes. Por ello, deben entenderse bajo el umbral de la búsqueda
de acuerdos para la gobernabilidad, consolidación de los sistemas
democráticos de participación y la transformación de las
estructuras económicas y sociopolíticas para asumir la búsqueda de
la igualdad social en el campo de las oportunidades. Porque las
sociedades cambian y, con ella, sus instituciones. Aunque, tal vez,
no al mismo ritmo.
José Miguel González Hernández
Director de Consultoría Corporación 5, Análisis y Estrategias
Fuentes:
