Artículo publicado por José Alberto León Alonso en El Día el 25/10/15.
El PSOE ha propuesto en su borrador de programa electoral subir el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta el entorno de los 1.000 euros en dos legislaturas. Esto supondría pasar de los 648 euros en 14 pagas de la actualidad a los 1.000 euros al mes, un incremento del 54% en ocho años. Cada cierto tiempo, el salario mínimo vuelve al centro del debate. La economía no tiene un mercado de trabajo, sino muchos, dependiendo del tipo de trabajadores. El efecto del salario mínimo depende de la cualificación y experiencia del trabajador, ya que no afecta al quien tiene una alta cualificación y experiencia, pues su salario es superior al mínimo, pero sí afecta a los trabajadores no cualificados y a los jóvenes sin experiencia. El efecto del salario mínimo sobre el empleo está bien estudiado en la teoría económica. Si el salario mínimo es superior al percibido por los trabajadores no cualificados, su efecto será elevar la renta de los trabajadores que mantengan su empleo y desplazar al desempleo o a la economía sumergida a aquellos que no lo mantengan. Y es que algunas actividades con escaso valor añadido y uso intensivo del trabajo no pueden sobrevivir con salarios más elevados. Su incremento tiene otro efecto secundario, como es que algunas personas (especialmente jóvenes) que estaban estudiando abandonen los estudios para trabajar a los nuevos y más elevados salarios. Estos jóvenes desplazan a trabajadores adultos sin cualificar, que ahora quedan desempleados. Por ello, si se intenta mejorar la redistribución de la renta, el SMI no es un buen instrumento.
¿Establecen todos los países un salario mínimo? No, pero sí la mayoría. En la Unión Europea lo tienen 21 de los 28 países, aunque su importe varía. España es el octavo país de la UE con un mayor salario mínimo. Sin embargo, en Europa, países tan poco sospechosos de liberalismo a ultranza como Dinamarca, Suecia, Islandia, Finlandia, Austria o Suiza, no han establecido ninguno. El actual nivel del SMI en España (un 35% del salario medio) afecta a menos del 2% del total de los contratos de trabajo de los adultos, lo que explica por qué incrementos moderados en el mismo no suelen tener un efecto negativo significativo sobre el empleo de adultos. Pero un incremento en la cuantía propuesta (un 54%) afectaría al 33% de los trabajadores y nos colocaría entre los países con un mayor salario mínimo relativo (en comparación con el salario medio). Da la impresión de que se les ha ido la mano. Además, existen evidencias de que los aumentos en el SMI han tenido incluso antes de la crisis un impacto negativo sobre el empleo juvenil, dado que la productividad de un joven sin cualificación ni experiencia no es suficiente para que las empresas les contraten por este salario. En muchos países diferencian el salario mínimo por tramos de edad. En España se eliminó en 1998, pero países como Bélgica, Francia, Australia o EE.UU. tienen distintos salarios mínimos según la edad del trabajador. Un salario mínimo menor, y no mayor, para los jóvenes permitiría reducir la tasa de paro de los jóvenes sin cualificación (cercana al 70%), así como la tasa de abandono escolar (del 25%).
También hay muchas personas sin cualificación entre los adultos, pero para ellos no parece que la solución adecuada pase por cambios en el nivel del SMI. Hay mejores formas de luchar contra el creciente fenómeno de los trabajadores pobres. Así, es más razonable buscar fórmulas para reducir su coste laboral a través de reducciones en las cotizaciones sociales a trabajadores poco cualificados o con complementos salariales. Sobre éstos últimos, en Estados Unidos existe un exitoso modelo de lucha contra la pobreza de los trabajadores con pocos ingresos denominado Earned Income Tax Credit (EITC), que funciona muy bien. Allí, un hogar sin hijos con ingresos de 9.000 dólares anuales recibe 496 $/año de complemento (un 5,5% de incremento de sus ingresos); con un hijo, 3.069 $/año (un 34,1% de aumento); con dos, 3.610 $ (+40,1%); y con tres, 4.061 $/año (+45,1%). El EITC tiene incluso efectos positivos probados a largo plazo en el bienestar de los hijos de las familias que lo reciben. En 2013 gracias a este programa 6,2 millones de personas abandonaron la pobreza y el número de niños pobres se redujo un 25%. Igualmente el programa redujo la severidad de la pobreza para 21,6 millones de personas, incluidos 7,8 millones de niños. Allí es considerado igualmente como la medida más exitosa para reincorporar al empleo a las madres recientes.
Ciudadanos propone algo parecido con su Complemento Salarial Anual Garantizado (CSAG). La idea consiste, por un lado, en ayudar a los trabajadores con bajos ingresos con ingresos adicionales a través de devoluciones en el IRPF y, por otro, crear un incentivo para incorporar más trabajadores al mercado y sacar a algunos de la economía sumergida. A diferencia de las “rentas básicas”, el CSAG incentiva y recompensa a quien trabaje, ya que lo reciben sólo aquellos que hayan trabajado en el año fiscal, y lo hace asegurando que los ingresos crecen cuando se trabajan más horas o más miembros del hogar logran trabajo. Sus promotores aseguran que no tiene nada que con el salario mínimo, \»que expulsa del mercado a los trabajadores menos cualificados”. El CSAG anima a los trabajadores de baja cualificación a trabajar y facilita que el empleo, incluso aunque sea a tiempo parcial, tenga una remuneración digna. Como, además buena parte de los ingresos del complemento salarial se destinarían al consumo, parte de ese gasto revertiría de nuevo a la sociedad. De hecho, en Estados Unidos el 75% del gasto en las EITC retorna a la economía, lo que no está nada mal.
Y es que lo que realmente necesitamos son más políticas de éxito probado y más debate sereno entre expertos, políticos y agentes sociales sobre lo que funciona y lo que no, y menos ocurrencias electorales, aunque den votos.