Artículo publicado por D. José Alberto León Alonso en La Gaveta Económica en el número de enero de 2017.
El libro Why nations fail de Acemoglu y Robinson pone de manifiesto la importancia de las instituciones en el desarrollo económico de las naciones. En él, los autores desarrollan una nueva teoría sobre la economía política según la cual los países crecen económicamente si son capaces de crear instituciones inclusivas, y se estancan o decaen si sus instituciones son excluyentes. Instituciones definidas en un sentido amplio como el “conjunto de reglas del juego en una sociedad”.
Es el conflicto político y la forma de resolverlo lo que determina el camino hacia la prosperidad o la pobreza de una sociedad. En sus propias palabras, “la clave del desarrollo económico radica en tener instituciones inclusivas robustas y bien diseñadas que, en lo económico, garanticen los derechos de propiedad, la ley y el orden, el funcionamiento de los mercados, la entrada libre en los mercados, la libertad para establecer nuevas empresas, la efectividad de los contratos, el acceso a la educación y la igualdad de oportunidades para la gran mayoría de los ciudadanos; y, en lo político, garanticen la participación y el pluralismo y la imposición de restricciones y controles sobre la arbitrariedad de los políticos.”
Es preciso establecer normas claras que limiten el poder arbitrario de los decisores públicos, con el fin de ofrecer seguridad jurídica y favorecer el desarrollo económico de la sociedad, pero en los últimos años hemos venido haciendo justamente lo contrario. En Canarias no existe mejor ejemplo de ello que la hiperinflación de planes, leyes y reglamentos que hemos generado respecto al planeamiento del territorio, con normas contradictorias entre sí y cuya interpretación arbitraria puede dejar un proyecto inversor en tierra de nadie durante décadas. La aprobación en 2003 de la Ley de Directrices, estableció las normas de planeamiento y ordenación en Canarias en materia de recursos naturales, biodiversidad, aguas, energía, residuos, ordenación territorial, vivienda, suelo, infraestructuras, transporte, turismo, industria y servicios. Es decir, lo reguló absolutamente todo, y convirtió a Canarias en la región española más planificada y con más amplio campo de actuación para la arbitrariedad política y administrativa. Por el camino, también espantó la inversión foránea del archipiélago y ha acabado por hacer lo propio con la inversión local. En una región con una de las mayores tasas de desempleo del país, produce un enorme desasosiego escuchar a importantes empresarios canarios que afirman que todos sus actuales proyectos de inversión se están desarrollando en el exterior, y que no piensan invertir en Canarias “nunca más”. Barreras a la entrada, dirigismo político en la economía y arbitrariedad. Luego nos preguntaremos por qué fracasan las naciones.