Artículo publicado por D. José Alberto León en La Gaveta Económica en el número de mayo de 2017.
El libro “Why nations fail” de Acemoglu y Robinson vuelve a poner de manifiesto la importancia de las instituciones en el desarrollo económico de las naciones. En este libro, los autores desarrollan una nueva teoría sobre la economía política según la cual los países crecen económicamente si son capaces de crear un conjunto inclusivo de reglas del juego, y se estancan o decaen si sus normas e instituciones son excluyentes. Es el conflicto político y la forma de resolverlo lo que determina el camino hacia la prosperidad o la pobreza de una sociedad.
En sus propias palabras, “la clave del desarrollo económico no son los buenos o malos gobernantes (pues su efecto resulta efímero), ni la geografía favorable, ni la cultura (la ética protestante), sino tener instituciones inclusivas robustas y bien diseñadas que, en lo económico, garanticen los derechos de propiedad, la ley y el orden, el funcionamiento de los mercados, la entrada libre en los mercados, la libertad para establecer nuevas empresas, la efectividad de los contratos, el acceso a la educación y la igualdad de oportunidades para la gran mayoría de los ciudadanos; y, en lo político, garanticen la participación y el pluralismo y la imposición de restricciones y controles sobre la arbitrariedad de los políticos.”
Las instituciones económicas son importantes porque influyen en la estructura de los incentivos económicos en la sociedad, ayudando a asignar los siempre escasos recursos de la forma más eficiente, y determinando quién se beneficia por ello y quién controla esta asignación. Que los partidos políticos actúan buscando su propio interés y no el interés general es cada vez más evidente, pero en realidad cuando Buchanan, premio Nobel de Economía en 1986, formuló está hipótesis edificando en torno a ella su teoría de la “elección pública”, resultó enormemente controvertida. Buchanan, en síntesis, defendía que aunque en la mayoría de las escuelas de pensamiento económico se asume que el Estado, y los políticos que toman las decisiones, actúan buscando el “interés general”, en realidad, al igual que el resto de seres humanos, los políticos al ejecutar políticas públicas actúan fundamentalmente guiados por su propio interés. En España, nunca desde la Transición el desprestigio institucional ha sido tan generalizado a todos los niveles (nacional, regional y local). Por ejemplo, la utilización perversa de unas instituciones delicadas como las Cajas de Ahorro por parte de los partidos no fue corregida por los supervisores porque, sencillamente, éstos habían sido puestos allí por sus “amigos” políticos. Dice Ruiz Soroa en su artículo “La culpa es de los demás”, publicado en el Diario Vasco, que “la única parte de la economía española que se ha salvado del desastre ha sido aquella que los políticos no controlaban o no podían manipular. El mapa de los daños sufridos revela un perfil constante: a más proximidad a la política, más daño ha sufrido la gestión económica.”
Es preciso establecer normas claras que limiten el poder arbitrario de los decisores públicos, con el fin de ofrecer seguridad jurídica y favorecer el desarrollo económico de la sociedad, pero en los últimos años en Canarias hemos venido haciendo justamente lo contrario, con la legislación territorial más compleja y sujeta a la arbitrariedad del mundo desarrollado. Luego nos preguntaremos por qué fracasan las naciones.