Los aspectos laborales del “Acuerdo”

Artículo publicado por José Alberto León Alonso en El Día el 28/02/16.

El pasado miércoles 24 de febrero, PSOE y Ciudadanos firmaron el “Acuerdo para un gobierno reformista y de progreso”. En general el acuerdo resulta coherente, moderado y centrista, con cesiones mutuas para facilitar el consenso. Es un acuerdo que el 75% de los ciudadanos podría aceptar en la mayoría de sus puntos, aunque pocos compartirán el 100% de su contenido. Yo tampoco lo hago, pues apruebo alrededor del 60% y detecto algunas carencias, pero resulta un acuerdo aceptable en aras del necesario consenso. 

Dado que, por problemas de espacio, resulta imposible comentar en esta columna todos sus aspectos, me centraré únicamente en los laborales que ocupan buena parte de la polémica inicial. Lo primero que hay que decir en este sentido es que, se ponga como se ponga el PSOE, la reforma laboral de 2012 del PP afortunadamente no se deroga ni mucho menos. Algo debemos haber hecho mal los economistas durante los casi cuarenta años de nuestra democracia cuando no logramos hacer comprender a un buen número de españoles que nuestro sistema de relaciones laborales ha sido nefasto hasta la reforma de Felipe González de 1994, malo desde entonces hasta la reforma del PP de 2012, y mediocre en los últimos años. Como indica el preámbulo de los aspectos laborales en el propio Acuerdo, “España ha sido el único país de la OCDE en el que la tasa de paro ha superado el 20% hasta en tres ocasiones desde 1980. Además, el porcentaje de trabajadores temporales respecto del total ha ido aumentando progresivamente, hasta superar significativamente la media de la UE. Solo por estas cifras se podría señalar que el funcionamiento del mercado laboral ha sido uno de los grandes fracasos de nuestra democracia.” Derogar la reforma de 2012 supondría retroceder de un sistema de relaciones laborales mediocre a otro malo, el existente antes de esa fecha, cuya inflexibilidad en lo referente a los salarios y jornadas de trabajo condujo a que las empresas en lo más álgido de la crisis se adaptaran a la caída de ventas de la única manera que se les permitía: despidiendo trabajadores o cerrando. Y despidieron a más de 3,5 millones de trabajadores mientras se incrementaba los salarios de los que conservaban el empleo entre un 3% y un 6%. Ridículo y dramático. 

En el documento no aparece la derogación de la reforma laboral que el PSOE llevó en su programa. Lo que el acuerdo recoge son cambios, como la supresión de la prioridad del convenio de empresa sobre convenios de ámbito superior en lo que hace referencia a la jornada y salario base, el mantenimiento de la ultraactividad de los convenios durante un periodo de renegociación de 18 meses, la reducción a tres modalidades de contrato (indefinido, en prácticas y estable de duración limitada), incentivos a aquellas empresas que creen empleo estable mediante cotizaciones sociales y penalizaciones a las que abusen de la rotación laboral, y la llamada “mochila austriaca” para favorecer la movilidad laboral.

Ciudadanos renuncia al contrato único como tal, pero rescata alguna de sus características en el contrato estable de duración limitada acotado en el tiempo, con indemnizaciones por despido crecientes, por lo que la indemnización media de los trabajadores temporales aumentaría. Sin embargo, en el documento no se define la causalidad en la contratación temporal, que es la “madre del cordero” para acabar con el fraude de ley por el que muchas empresas usan contratos temporales para puestos indefinidos. De cómo se recoja esa causalidad en la legislación dependerá en parte que la reforma reduzca o no la temporalidad.

El mantenimiento de la ultraactividad de los convenios, esto es, su vigencia indefinida hasta la firma de un nuevo convenio, considero que es un paso atrás, pues retrocede a la situación anterior no a 2012, sino a 2008, en la que un grupo privilegiado de trabajadores, generalmente empleado en servicios públicos esenciales, podía mantener sine die unas condiciones de trabajo muy por encima de las de mercado, arrancadas bajo presión al gobierno de turno, con la simple estrategia de no llegar nunca a un nuevo convenio que las rebajase. Los controladores aéreos son el ejemplo más relevante de esta práctica, pues, tras lograr en 1998 sueldos de 350.000 euros y la autorregulación de la gestión y control del tráfico aéreo en España se negaron a cambiar una coma del convenio aferrándose a su ultraactividad.

Lo más novedoso en lo laboral es la introducción de incentivos sobre cotizaciones sociales en función de la temporalidad (bonus/malus) y el nuevo fondo para financiar parte del coste del despido conocido como “mochila austriaca”. Aquí se ve la mano de Ciudadanos. La regulación desincentiva a las empresas que abusen de un exceso de despidos en los contratos estables mediante el incremento de las cotizaciones sociales por desempleo que deban satisfacer (malus), a la vez que incentiva (bonus) en las cotizaciones a aquellas empresas que despidan menos por esta causa y que incrementen su porcentaje de contratos indefinidos. Por otro lado, se crea un nuevo fondo (la “mochila” austriaca) que se hará cargo del pago de 8 días por año de antigüedad en la indemnización por despido. Esta “mochila” se la podrán llevar los trabajadores a un nuevo empleo, favoreciendo la movilidad laboral (desincentiva que se rechace una oferta laboral mejor para no perder el derecho a la indemnización por despido) o disfrutarla en la jubilación si nunca son despedidos. Son dos medidas muy interesantes y eficaces.

España necesita un mercado de trabajo que cree empleo estable durante las fases expansivas, con un salario vinculado a la competitividad de la empresa, y que en las crisis la necesaria flexibilidad se produzca en forma de reducción de salarios o de jornada y no únicamente mediante despidos, para evitar que nuestra tasa de paro supere el 20% en cada crisis. Este programa sería un paso más en esa dirección, pero no la solución final, me temo.