LA ENFERMEDAD SILENCIOSA

Artículo publicado por Félix Fdez-Claverie en Diario de Avisos el 01/06/14.

El pasado mes de mayo, tuvimos la oportunidad de asistir a una conferencia impartida por Ignacio Eyries, director general de CASER, con motivo de la inauguración de una nueva oficina de la red comercial en Santa Cruz de Tenerife. Eyries, ingeniero de caminos, accedió a la dirección general de CASER en 2002 y en el año 2010 le fue concedido el premio “Ejecutivo de Año” en España. Sin duda estamos ante una de las mentes mejor conocedoras del sector de los seguros y pensiones en España y por ende de los futuros problemas causado por la evolución demográfica y sus consecuencias en la economía española.

Para Ignacio Eyries el envejecimiento de la población en España es una “enfermedad silenciosa”. Y sin duda lo es. Las personas mayores de 65 años ya son legión en España. El incesante incremento de la esperanza de vida motivará un futuro y costoso aumento de los gastos sociales asociados al envejecimiento de la población (pensiones, sanidad y servicios sociales). Por otro lado, la demanda interna en nuestro país se verá negativamente afectada, ya que las personas mayores reducen significativamente sus gastos (no suelen cambiar con frecuencia de coche, no compran una nueva casa, no renuevan su vestuario con la voracidad que lo hacen los  jóvenes, y tampoco les suele interesar los smartphones de última generación). Esta situación tendrá un grave efecto en nuestra economía, y no es otro que la disminución de la demanda interna, lo cual afectará negativamente al crecimiento del PIB.

El principal desajuste que tiene nuestra economía actualmente, el paro, se ira poco a poco suavizando, y no sólo porque se prevea un crecimiento de la economía española con motivo de nuestra más que constatada salida de la crisis. O porque nuestros dirigentes políticos consigan de una vez por todas simplificar la legislación con el objeto de facilitar la creación de empresas y la ejecución de nuevos proyectos de inversión. Sencillamente el paro irá lenta y progresivamente disminuyendo,  porque con el pasar de los años cada vez habrá menos gente en edad de trabajar.

Por lo tanto el paro dejará de ser nuestro principal problema, pero se verá sustituido por uno quizás mayor: ¿Quién nos pagará las pensiones?

Nuestro sistema público de pensiones está basado en un pacto intergeneracional por el cual la población en edad de trabajar provee de pensiones vitalicias a la generación anterior. La implantación de este sistema fue en su momento un avance social muy importante sobre la situación preexistente, en la que el aporte de renta durante la vejez dependía exclusivamente de los ahorros o de los vínculos familiares. Por tanto, nuestro actual sistema de pensiones debe mantenerse y consolidarse.

No obstante, el pacto intergeneracional en el que se basa nuestro sistema de pensiones, está siendo duramente golpeado por los efectos de los cambios demográficos que están por llegar. Estas variaciones demográficas motivarán que el tamaño de las generaciones futuras que tendrá que hacer frente al pago de las pensiones disminuirá progresivamente respecto al de las generaciones que disfrutarán de las mismas.

Si queremos mantener este pacto intergeneracional y por ende nuestro sistema público de pensiones no nos quedará otra que proceder a tomar medidas que reduzcan la tasa de sustitución de las pensiones públicas (la ratio entre la pensión percibida y el salario durante la vida laboral). Hay diversas maneras de conseguir una reducción de la tasa de sustitución  de las pensiones. Una es la congelación de las pensiones, lo que supone una pérdida en el poder adquisitivo a lo largo de la jubilación. Otra es aumentar el carácter asistencial de las pensiones haciendo que las pensiones máximas disminuyan en relación al salario medio. España ha optado por estas dos alternativas en sus recientes reformas, a pesar de que son opciones con grandes inconvenientes.

Hay una tercera vía que son las “cuentas nocionales” y ha leído usted bien, “nocionales”. ¿Qué es esto de las “cuentas nocionales”?.  Muy sencillo. El estado considera de manera acumulativa todas sus cotizaciones y le va aplicando un factor de rentabilidad. Llegado el momento de su jubilación, con ese total acumulado y considerando la esperanza de vida de los que se jubilen en ese momento, se calcula la renta vitalicia que el Estado se compromete a pagarle a partir de ese momento en concepto de pensión pública.

Lo que sí parece evidente es que la tasa de sustitución de las pensiones públicas va a disminuir en un futuro no muy lejano, por lo que deberemos complementarlas con nuestros propios ahorros. Por ello, el ahorro para la jubilación debe aumentar y debe ser el Gobierno de España el que apruebe medidas fiscales que incentiven y faciliten el ahorro en el largo plazo.

Y, ¿Cuál es la opinión de los españoles respecto a la sostenibilidad futura de nuestro sistema de pensiones? Pues de acuerdo con el “Observatorio Caser Pensiones 2013”, el 34% de los españoles está ahorrando para su jubilación. La edad media de inicio del ahorro se sitúa en los 34,5 años y la cuantía media de ahorro anual se ha incrementado de 1.885 € anuales en el 2012  a 2.416 € anuales en el 2013. Este incremento es debido entre otros factores a que persiste el pesimismo entre los españoles sobre la Seguridad Social, ya que un 60% de los españoles opinan que la Seguridad Social reducirá sus pensiones en un futuro.

Canarias, según dicho observatorio, y aunque le cueste creérselo, es la segunda CCAA de España (sólo por detrás del País Vasco) con un mayor porcentaje de personas que ahorran para su jubilación, un 41,5%, siete puntos más en relación con la media nacional. La cuantía media de ahorro anual aumenta ligeramente pasando de 1.472 € en 2012 a 1.688 € en 2013, 728€ menos que la media nacional.
Esperemos que en España no tengamos que oír de unos de nuestros ministros las polémicas declaraciones realizadas por el ministro de finanzas japonés Taro Aso, que en enero de 2013 y con su país al borde de la recesión pidió a los ancianos japoneses que “se den prisa en morir” para que de esta manera el Estado no tenga que pagar su atención médica.

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