Italia nos muestra el camino

Artículo publicado por José Alberto León Alonso en Diario de Avisos, el 06/04/14.

Por fin, Italia elimina las provincias, una reforma que desde hace años se invocaba en la república. El Senado italiano ha aprobado la supresión de las 73 provincias, lo que supondrá ahorrarse 3.000 cargos públicos que —según el jefe de Gobierno Matteo Renzi— “a partir de ahora experimentarán la emoción de ir a trabajar”.  La ley supone asimismo el nacimiento de diez ciudades metropolitanas. La nueva organización de los entes locales prevé la posibilidad de fusiones entre municipios para hacerlos más eficaces, al optimizar y simplificar sus servicios. A la espera de eliminar las entidades provinciales de la Constitución, las competencias actuales de las provincias pasarán a las regiones y municipios.

Este asunto vuelve a poner de manifiesto nuestros propios problemas con la estructura local y el tamaño de los municipios. La importancia del tamaño subyace en uno de los conceptos claves de la economía: las economías de escala. Se dice que existen economías de escala cuando el coste de producción de un producto decrece con el número de unidades producidas. Si se aplica este mismo concepto a los municipios, si existen economías de escala en la prestación de los servicios municipales, el coste de su prestación se reducirá conforme se preste a más personas, así que agrupar municipios en otros mayores sería una estrategia sensata para ahorrar costes. Se trata de un proceso que en Europa se ha realizado en múltiples ocasiones, pero no en España desde hace más de doscientos años.

En Canarias la mayor parte de los términos municipales, al menos en las islas más montañosas, vienen delimitados por los barrancos que antaño eran obstáculos casi insalvables, y de resultas tenemos 88 municipios, de los cuales 22 tienen menos de 5.000 habitantes, 40 entre 5.001 y 20.000, 18 entre 20.001 y 50.000, y únicamente 8 más de 50.000 habitantes. En 2012 los municipios canarios con población inferior a 5.000 habitantes multiplicaban por dos el gasto medio de personal por habitante de las ciudades de más de cien mil habitantes en Canarias, los municipios entre 5.000 y 20.000 habitantes lo superaban en nada menos que un 33% de media, y en un 25% los municipios entre 20.001 y 50.000 habitantes. Así que parece evidente la existencia de economías de escala en el tamaño municipal. Lo razonable sería reducir el número de municipios para que ganasen tamaño a través de procesos de fusión que, a mi juicio, podrían utilizar a las comarcas como aglutinadoras. Esto reduciría el número de municipios actuales en toda España de 8.112 a unos 400, y en Canarias de 88 a únicamente 25, con 8 municipios en Tenerife, 6 en Gran Canaria y 3 en Lanzarote, Fuerteventura y La Palma. En La Gomera y El Hierro el número de municipios se reduciría a 1 y sus Cabildos respectivos asumirían las funciones municipales, propiciando una gestión integral en esas islas, y evitando duplicidades innecesarias.

De esta agrupación, resultaría que ninguno de los nuevos municipios canarios tendría menos de 10.000 habitantes, 5 tendrían entre 10.000 y 20.000 habitantes, 7 entre 20.001 y 50.000, y entre 50.001 y 100.000 habitantes, y 5 tendrían más de 100.000 habitantes. El ahorro ascendería a unos 500 millones de euros anuales en Canarias y a más de 16.000 millones de euros cada año en toda España, y la calidad y el coste de los servicios municipales mejoraría sustancialmente al aprovechar las economías de escala de una mayor población a la que abastecer. Otro beneficio para el ciudadano sería que los nuevos municipios se encargarían de gestionar el transporte público en el interior de las actuales comarcas (el 33% de los desplazamientos totales), con sustanciales mejoras para el ciudadano. Así, por ejemplo, las tarifas de taxis serían urbanas en cualquier trayecto entre Adeje y Arona, San Miguel y Granadilla, y entre La Orotava y el Puerto de la Cruz. Igualmente, los “nuevos” municipios de más de 50.000 habitantes deberían establecer líneas urbanas de guaguas entre los territorios de la comarca, unidos en la práctica pero separados por fronteras ficticias que impiden una gestión eficaz.

Naturalmente esta reforma tiene un único perjudicado: la casta política que nos gobierna y que no ha perdido ninguno de sus privilegios durante la crisis. Una reforma como la propuesta en estas líneas reduciría en España el número de concejales en 45.000 personas. Y a éstos habría que añadirles el personal de confianza que los acompaña, junto con la legión de “enchufados” introducidos como personal laboral indefinido. No menos de cien mil personas (probablemente más, nadie lo sabe con exactitud) en puestos completamente inútiles y superfluos viviendo a costa del contribuyente. Pero es que, como dicen en Alemania, “las ranas nunca votarán la desecación de la charca en la que viven”. Sin embargo, en Italia hasta las ranas parecen haberse hartado y han decidido que algunos de sus cargos públicos comiencen a experimentar “la emoción de ir a trabajar”. ¿Seguimos su camino?