Del AVE y la evaluación de proyectos

Artículo publicado por José Alberto León Alonso en El Día el 19/04/15.

Tras gastarnos más de 45.000 millones de euros en el AVE además de 12.000 millones de euros más programados para los próximos años, la controversia ha llegado al AVE con la publicación de un estudio de FEDEA de Llobet y Betancor, y, especialmente, con la propuesta pública de Ciudadanos de suspender las futuras inversiones en el AVE por su escasa utilidad y destinar en su lugar esos fondos a la investigación y desarrollo (I+D).

En un país como el nuestro, en el que parece que el dinero cae del cielo y en el que no se suele evaluar seria y rigurosamente la rentabilidad social y financiera de los proyectos de inversión, es una rara avis que se debata sobre la utilidad social de las inversiones públicas. Así que habrá que agradecerle a Ciudadanos que, en una estrategia política sorprendente, se dedique a explicar su programa económico como si los electores fuesen personas inteligentes capaces de entender que no hay decisiones gratuitas. Que invertir en unos proyectos se hace a costa de no hacerlo en otros (lo que en economía se conoce como coste de oportunidad), pues el dinero no es infinito, y que lo razonable es hacerlo en aquellos proyectos más rentables desde el punto de vista social. Ignoro si eso les hará ganar o perder votos, pero tener una estrategia de inversión pública sobre la que poder debatir se agradece, sea o no acertada.

España es el país europeo con la mayor red de alta velocidad ferroviaria y en todo el mundo sólo China supera nuestros 2.515 kilómetros en servicio. Después se sitúan Japón, con 2.087 km. de AVE, Francia (2.036 km.), Alemania (1.013 km.) e Italia (923 km.). Según el estudio de FEDEA, la actual red ha costado hasta ahora a cada español 1.071 euros, frente a los 461 que han pagado los alemanes por la suya, los casi 700 de los franceses, y los cerca de 1.200 de cada japonés. Bien distinto es el uso que los viajeros hacen del servicio, ranking en el que España ocupa el último lugar de la clasificación. El pasado año el AVE transportó en España 29 millones de pasajeros, record histórico, mientras que, con una red viaria inferior, Japón transportó 330 millones (once veces más) y Francia 125 millones (cuatro veces más). Por cada kilómetro operativo hay 11.800 pasajeros en España, muy lejos de los 61.400 de Francia, y a una distancia sideral de los 158.121 de Japón.

El estudio sobre el AVE de FEDEA es demoledor. En términos de costes y beneficios sociales (incluyendo ahorros de tiempo, contaminación, accidentes, etc.), ninguna línea de alta velocidad del AVE debería haberse construido en España. Todas son socialmente deficitarias. La línea que mejores resultados presenta es la Madrid-Barcelona, cuyos beneficios sociales apenas cubrirían en 50 años el 80% del coste social de la inversión. En el caso de la línea Madrid-Andalucía en ese plazo únicamente se recuperaría el 45% del coste social; el 43% en la Madrid-Levante, y únicamente el 19% en la Madrid-Norte de España.  En esta última, los ingresos sociales esperados no compensan ni los costes de explotación variables, así que mantenerla abierta supondrá una hemorragia anual de dinero público, por lo que lo aconsejable sería cerrarla, dando por perdida la inversión. El resto de líneas, ya que están construidas, deberían mantenerse operativas puesto que los beneficios sociales operativos superan los costes, aunque no lo suficiente como para recuperar y compensar la inversión realizada.

Así que la propuesta de Ciudadanos no puede ser más razonable. Dejemos de enterrar más dinero en el AVE y destinemos esos recursos a otras actividades. Si esas actividades deben ser la I+D u otras, debería ser objeto de su propia evaluación. 

Sucede que, antes de iniciar la construcción de cualquier infraestructura, deberíamos responder a la pregunta que todo empresario se formula al iniciar un proyecto y que los políticos jamás suelen hacerse: “¿es este proyecto rentable?”. “¿La riqueza social que va a generar este proyecto supera su coste social?”. En el caso del AVE, los estudios muestran que es una inversión ruinosa, pero aun así se siguen construyendo nuevas líneas con una demanda cada vez menor y sin perspectivas de rentabilidad social. Este año, por ejemplo, el 45% del presupuesto del Ministerio de Fomento se dedicará a la Alta Velocidad. Y es que nuestra política de infraestructuras está dominada por la ingeniería, con absoluta dejación de la economía. Es una política basada en la idea de que cuanto más grande y más rápido mejor. Hemos dado por cierto que cualquier inversión es susceptible de generar beneficios, materiales o sociales, pero lo cierto es que no todas las inversiones son socialmente rentables y que, puestos a priorizar, deberían ejecutarse primero las más rentables socialmente, y no las que mayor potencial beneficio político (en forma de votos) tengan.

Ahora que estamos en precampaña electoral comienzan a proliferar las ofertas de inversiones en obra pública de un partido político u otro. Convendría cuestionarse la utilidad social de cada una de ellas. La solución no pasa por no hacer nada, sino por evaluar los proyectos, con criterios técnicos y con un estudio serio y riguroso de las distintas alternativas, para conocer realmente cual es la mejor. En países “serios” como Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, estas evaluaciones no solo son obligatorias, sino que se someten a revisión externa por oficinas de evaluación de proyectos, con el fin de garantizar la calidad del estudio. Un buen análisis de coste-beneficio no solo muestra las bondades de cada proyecto y descubre sus defectos, que se pueden corregir y mejorar antes de realizar la inversión, sino que, además, hace transparente y objetiva la forma de realizar las inversiones y quien gana y pierde con cada actuación. 

No estaría mal que en España se implementara una política parecida. De otra manera en el futuro nos seguirá ocurriendo lo que sucedió en 2009 durante la visita del Secretario de Transportes de EEUU, cuando se le cuestionó por qué en EE.UU. no tenían una red de Alta Velocidad como la española: “porque nosotros no podemos permitírnoslo”, contestó. Pues eso. A seguir (mal)gastando.