Artículo publicado por José Alberto León Alonso en Diario de Avisos el 02/06/13.
Argentina es un país desconcertante. El economista Simon Kuznets, ganador del Premio Nobel, ilustró esta especificidad cuando dijo que existían cuatro tipos de países: desarrollados, subdesarrollados, Japón y Argentina. Argentina es el único país otrora desarrollado que ha logrado salir de este exclusivo grupo a golpes de desorganización y desgobierno. En 1904 su renta per cápita era la cuarta del mundo, por encima de la de Alemania y Francia. En 1950 ya había caído al octavo puesto, pero en 2011 su renta per cápita apenas ascendía a 10.400 dólares, una tercera parte de la española (en plena depresión) y había caído al puesto 63 en el mundo.
A primera vista, el resultado económico de Argentina es desconcertante, pero las razones de su declive se aclaran cuando se miran a través del cristal del papel institucional, como hacen Acemoglu y Robinson en su libro Why nations fail. Según los autores, los países crecen económicamente si son capaces de crear instituciones inclusivas, y se estancan o decaen si sus instituciones son excluyentes. Es el conflicto político y la forma de resolverlo lo que determina el camino hacia la prosperidad o la pobreza de una sociedad. En sus propias palabras, “la clave del desarrollo económico consiste en tener instituciones inclusivas que, en lo económico, garanticen los derechos de propiedad, la ley y el orden, la libertad para establecer nuevas empresas, la efectividad de los contratos, el acceso a la educación y la igualdad de oportunidades para la gran mayoría de los ciudadanos; y, en lo político, garanticen la participación y el pluralismo y la imposición de restricciones y controles sobre la arbitrariedad de los políticos.”
En 1946, Perón fue elegido democráticamente Presidente de Argentina, y poco después destituyó a cuatro de los cinco miembros del Tribunal Supremo de Argentina, que había rechazado por inconstitucional una ley peronista. El debilitamiento del Tribunal liberó a Perón de límites políticos. Así, pudo enviar a la cárcel a su principal opositor por “falta de respeto” al Presidente. Desde entonces, cada presidente argentino (elegido democráticamente o no, peronista o no) elige a sus propios jueces del Tribunal Supremo. Desde el surgimiento de Perón, el poder en Argentina apenas encontró límites, repartiendo cargos, contratos y prebendas, y rompiendo las reglas establecidas con impúdica desfachatez. Si el Tribunal Supremo cuestionaba una política, se cambiaba el Tribunal. Si, como sucedió en 2007, los estadísticos profesionales publicaban elevados índices inflacionarios, se los reemplazaba con protegidos políticos que publicaban estadísticas “convenientes”, y se amenazaba con juicios penales por difusión de falsos rumores a quien cuestionase las estadísticas oficiales.
En Argentina los derechos individuales están a merced del Presidente de turno, que puede violarlos cuando le venga en gana como muestra el “corralito” de 2001, donde un gobierno democrático anuló los derechos de propiedad de millones de argentinos y expropió a sus propios ciudadanos con total impunidad. Desde entonces y durante la última década, Argentina no solo se ha negado a pagar los cien mil millones de dólares de deuda externa por los que entró en impago, sino que por último ha expropiado a Repsol el 51% de YPF, la mayor empresa de Argentina, en uno de esos actos de inaudita desvergüenza tan habituales en el país de la pampa.
Los países fracasan hoy en día porque sus instituciones no crean los incentivos necesarios para que la gente ahorre, invierta e innove. No es casualidad que los países más prósperos del mundo sean los que cuentan con instituciones más fuertes, actuaciones más previsibles, y en los que los gobernantes se someten al imperio de la Ley. Por todo esto preocupa la sensación de “argentinización” que envuelve a España. Las instituciones se han visto ocupadas por los políticos. No solo tomaron al asalto las Cajas de Ahorro hasta que las quebraron, sino que instituciones como el Tribunal Constitucional, el Supremo y el Consejo General del Poder Judicial se han politizado hasta tal extremo que se vota en función de afinidades ideológicas, y que para un juez no existe ninguna posibilidad de alcanzar tan altas magistraturas si no pertenece a una asociación políticamente “amiga”. Asimismo, nuestros principales organismos reguladores están desde hace tiempo en manos de ex–políticos, a los que se recompensa con un cargo del que depende la supervisión de nuestro sistema financiero, energético, telecomunicaciones, mercado de valores y competencia. Así no extraña que el Banco de España permitiera los créditos irresponsables durante la burbuja, y que, junto con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), admitiese la salida a bolsa de Bankia y Banca Cívica, y la colocación y comercialización de productos de alto riesgo como acciones preferentes y deuda subordinada entre personas sin cultura financiera. Tampoco extraña que de forma retroactiva se incaute a los propietarios de plantas fotovoltaicas los compromisos de pago establecidos por ley. Cuando las decisiones se toman en función de los intereses políticos de turno en lugar de la defensa de los ciudadanos el resultado no difiere gran cosa del caso argentino: incautación o pérdida de los ahorros de los ciudadanos.
Cierto es que el Banco de España está ahora en manos más técnicas, y que su efecto se nota, exigiendo provisiones a las entidades financieras para acabar con las políticas de refinanciación que falsean la morosidad crediticia, aunque el Gobierno sostenga que nuestro sistema financiero está saneado. Pero no es menos cierto que otros organismos reguladores se han renovado solo para cambiar el “pelaje” político de su Presidente. Un ejemplo es la CNMV, presidida por quien fue diputada hasta el día anterior de su nombramiento. Pues la CNMV ha permitido hace una semana que durante tres días los inversores institucionales con preferentes de Bankia vendieran en el mercado sus acciones recién convertidas sin que los pequeños ahorradores pudieran hacerlo. Como resultado, los ahorros de los pequeños inversores han sufrido pérdidas superiores al 50% que los institucionales han evitado. En cualquier país desarrollado, la cotización de Bankia se hubiera suspendido para proteger a los ahorradores. En una España argentinizada, eso no ocurre.
El libro de Acemoglu enfatiza que no hay predeterminismo histórico para que las naciones se desarrollen o fracasen. Por el contrario, existen momentos históricos que suponen un “punto de inflexión” según se resuelvan en favor de instituciones inclusivas o extractivas. En España parece que nos encontramos en uno de esos momentos históricos y nuestro futuro dependerá de “la imposición de restricciones y controles sobre la arbitrariedad de los políticos”. El país se desliza en una pendiente cuesta abajo que hay que detener cuanto antes, no vayamos a acabar convirtiéndonos en el segundo ejemplo de país desarrollado que deja de serlo.