Artículo publicado por José Miguel González Hernández en el número de marzo de La Gaveta Económica.
A lo largo de la historia, las estructuras humanas se han desarrollado de forma multiconcéntrica alrededor de un “kilómetro cero” determinado no inmutable por el paso del tiempo. De hecho, los polos de atracción y generación de situaciones van cambiando según aparece la identificación de nuevas preferencias, con la consiguiente batería de instrumentos que se ponen a disposición con el fin de satisfacerlas. En definitiva, se convierte en una propuesta más en donde se pretende organizar el caos, de forma que, mientras que las iniciativas planificadoras quisieran y pudieran controlar una serie de aspectos, las organizaciones básicas de una estructura social, política o económica evolucionan de forma independiente en base a los objetivos que se pretenden alcanzar.
En el ámbito de la estructura institucional dividida entre diferentes rasantes de la propia organización administrativa pública sucede algo similar, de ahí que debemos reconocer que un proceso de transformación productiva requiere una reacomodación de la política económica. Las medidas presupuestarias asignadas a cada uno de los niveles de gobierno siempre deben estar coordinadas entre sí, con el fin de evitar disfuncionalidades. Como planteamiento inicial, decir que se debe establecer un modelo base que coloque a cada agente en las mismas condiciones de partida y no necesariamente en los mismos resultados obtenidos, dado que ahí es donde la heterogeneidad cumple su cometido. No todas las regiones poseen ni desean un mismo estilo de desarrollo y de él dependerán para obtener unos resultados u otros. Lo mismo habría que practicar con los aspectos negativos, porque puede que haya afecciones que se manifiesten de una forma diferente. Si las necesidades no son las mismas, tampoco lo serán ni los servicios disfrutados ni los problemas que se podrían originar en su provisión, de ahí que no se requiere un sistema uniforme sino armonizado. Una vez cumplido este propósito se pueden \»desatar\» a los participantes para que comiencen los procesos de competencia. Obviamente, debe existir una pauta tutelar en relación con la equidad de los integrantes como seguimiento del modelo a vista de configurarlo con una mayor precisión.
Cualquier sistema institucional democrático de convivencia social se implementa con el objeto de otorgar unos derechos y exigir unas obligaciones a su ciudadanía. Pero, como en la distancia y en la homogeneización se pierde pureza, la actuación de sus instituciones debe ser lo más personalizada posible. Para llevar a cabo tal personalización, no siempre el carácter general es el óptimo y la atención debe ubicarse en niveles de la administración más cercanos a los territorios necesariamente divididos. Esto es necesario que ocurra, tanto por la burocratización de las acciones, como por el conocimiento de los problemas, teniendo claro que, cada nivel de gobierno no debe intentar cumplir todas las funciones, sino que debe asumir aquella que mejor puede desempeñar.
Desde el punto de vista de la distribución de estas funciones, tradicionalmente las dotes de estabilización se le asigna a un poder central, al tener como meta el mantener altos niveles de empleo de los factores a inflaciones moderadas. Del mismo modo sucedería con la equitativa distribución de la renta, mientras que los niveles inferiores serían los
encargados de dotar de eficiencia a la utilización funcional, la racionalización y la planificación de los recursos disponibles. Cualquier otra distribución debe evitar la pérdida de control y descoordinación entre las regiones. De hecho, analizado desde la perspectiva del aspecto regional, es interesante y primordial tener como hipótesis de partida a la hora de fomentar los procesos de cohesión económica y social, la descentralización del poder de acuerdo con las necesidades, teniendo que incorporar la ponderación de los diferentes pesos políticos que entran a formar parte del proceso de toma de decisiones. Es por ello por lo que la descentralización que hay que promulgar es la creación de colectividades dotadas de sus propios órganos de decisión, constituidos bajo un sistema democrático de elección que se benefician de una amplia autonomía.
Apostar por la equidad a través de la exigencia de un mismo sacrificio para un idéntico grado de cobertura, la eficiencia para minimizar las interferencias en los diferentes procesos de toma decisiones, la flexibilidad como germen de adaptabilidad, la minimización de los costes de transacción junto a la transparencia y la perceptibilidad para dar confianza al sistema. Todo ello forja como condición necesaria e imprescindible una apuesta por la gestión de la complejidad, asumiendo que no se trata solo de ordenar lo desordenado. Se trata de una realidad que no se ajusta a determinados modelos existentes. Y, o cambia la realidad, o cambia el modelo. Lo que más fácil sea.
José Miguel González Hernández
Director de Consultoría
Corporación 5