Artículo publicado el 17/03/13 por José Alberto León Alonso en Diario de Avisos.
“Hay una forma de saber si un hombre es honesto: preguntándoselo. Si dice que sí, es un sinvergüenza”, dijo Groucho Marx.
Cientos de personas acudieron la pasada semana a los cajeros de CajaCanarias en Tenerife porque corrió el rumor infundado de que la entidad bancaria estaba regalando dinero y no quedaban registrados los movimientos en las cuentas como consecuencia de un error informático. El rumor se propagó por las redes sociales y como moscas al panal de rica miel acudieron algunos tinerfeños creyéndose ante una oportunidad única para hacerse con un dinero que no era suyo, generando incluso problemas de orden público ante algunos cajeros. Al día siguiente los saldos se actualizaron pero muchos ya habían sacado un dinero del que carecían. Este hecho mueve a una reflexión sobre la ética y la honradez, especialmente cuando la ciudadanía asiste escandalizada al diario espectáculo de chorizos de cuello blando que asaltaron las arcas y Cajas públicas en beneficio propio. Si el común de los ciudadanos intenta apropiarse del dinero ajeno (robar, hablando en plata) cuando cree que su acción no tendrá consecuencias, ¿no se asemeja su comportamiento al de esos políticos y banqueros corruptos cuya actuación detestamos y vilipendiamos? Al fin y al cabo no hay más diferencia entre unos y otros que el mayor acceso al dinero ajeno de éstos últimos. Sin embargo, los pequeños fraudes de cada día son aceptados socialmente y alimentan nuestra tolerancia hacia la cultura del engaño. España, país de lazarillos.
Por supuesto, muchas personas no creen que la pasada conducta ante los cajeros de Cajacanarias pueda constituir un robo o una apropiación indebida de dinero ajeno: frases como “hay muchas personas necesitadas”, “los bancos son unos ladrones”, “si es un error del banco, que lo pague el banco”, “todos habríamos hecho lo mismo”, se han podido escuchar estos días en las conversaciones cotidianas. Gary Becker, que recibió el premio Nobel de Economía por extender el análisis microeconómico a un amplio rango de comportamientos humanos tales como la decisión de delinquir o mentir, concluía en sus análisis que una persona delinquirá si el beneficio de su decisión es superior a su coste potencial multiplicado por la probabilidad de ser descubierto. Sin embargo Dan Ariely, profesor de psicología del comportamiento económico demostró que había que introducir un matiz adicional. Ariely observaba extrañado como los sujetos de sus experimentos conductuales experimentaban una creciente desazón cuando la recompensa económica obtenida por el engaño alcanzaba ciertos límites y que, llegado cierto punto, si se incrementaba el premio económico del engaño incluso se comportaban de forma más honesta. Finalmente, llegó a la conclusión que, si bien los seres humanos tendemos a mentir en cuanto tenemos la ocasión y la posibilidad de no ser descubiertos, tenemos un umbral de tolerancia respecto a la aceptación de la mentira. Nuestro sentido de la moralidad está asociado al grado de engaño con el que nos sentimos cómodos. En esencia, engañamos hasta el nivel que nos permite conservar nuestra imagen de individuos razonablemente honestos. Como dijo Oscar Wilde “la moralidad, como el arte, significa trazar una línea en algún sitio”. La cuestión es dónde está esa línea.
Cuando se trata de engañar nos comportamos prácticamente igual que cuando seguimos una dieta. Tan pronto empezamos a incumplir nuestras pautas (en la dieta o en nuestra moralidad), somos más susceptibles a saltárnosla de nuevo y, en adelante, hay grandes posibilidades de sucumbir a la tentación de volver a portarse mal. El engaño es infeccioso y puede aumentar cuando observamos la mala conducta de los que nos rodean: si el defraudador es integrante de nuestro grupo social, nos identificamos con él y nos parece que engañar es más aceptable. Este resultado se incrementa si el tramposo es una figura con autoridad en nuestro grupo, alguien respetado.
En definitiva, según Ariely no hemos de considerar que un acto individual de deshonestidad como el de aquellos que asaltaron los cajeros la pasada semana para obtener un dinero que no era suyo, sea algo nimio. Solemos perdonar la primera infracción de una persona con la excusa de que todo el mundo se equivoca y merece una segunda oportunidad, pero el engaño y la deshonestidad tienden a aumentar exponencialmente después de la primera infracción no penada. El primer acto deshonesto es el que hay que evitar o, una vez realizado, castigar para evitar que el ejemplo cunda. Esta teoría tiene interesantes efectos sobre la creencia generalizada en que los delincuentes juveniles deben tener un trato benigno por parte de la justicia para favorecer su reinserción. Por el contrario, con este trato benigno hacia el primer delito el futuro comportamiento será menos honesto y el ejemplo de comportamiento deshonesto exitoso cundirá entre otros jóvenes. Igualmente desmonta parte de nuestro código penal que exime el cumplimiento de las penas de cárcel inferiores a dos años a quienes carezcan de antecedentes penales.
¿Qué hacer para reducir el comportamiento deshonesto? Las clases de ética, los códigos de buena conducta empresariales y las políticas de transparencia no parecen tener un gran efecto en su reducción. Nada de aprender moralidad en la escuela. Lo que hay que hacer es no excusar, pasar por alto ni perdonar delito alguno, pues de otro modo la deshonestidad se extenderá como un reguero de pólvora. Esto es especialmente importante para los que están en un primer plano: políticos, funcionarios públicos, celebridades o presidentes de grandes compañías. La conclusión es muy clara: mano dura para reducir nuestra querencia cultural a delinquir. El fraude se extiende como una infección si el entorno lo tolera y justifica. Cambiemos las normas y la moral. Que los delincuentes paguen por sus delitos con la cárcel, no importa la cuantía hurtada, ni la edad ni la duración de la pena. Y persigamos hasta el más pequeño desliz. Afortunadamente los dirigentes de Bankia y Banca Cívica comienzan a dar explicaciones ante los jueces sobre su pasada conducta. Y se anuncia la contratación de abogados penalistas para investigar posibles irregularidades en las antiguas cajas. Que todo el peso de la ley caiga sobre sus directivos si han cometido alguna irregularidad. Pero no es suficiente. Hay que atacar igualmente el fraude a menor escala. Si se demuestra la existencia de una estafa en la comercialización de productos financieros, ésta tuvo lugar con, al menos, la complicidad de quienes firmaron las operaciones concretas, y deberían asumir sus responsabilidades en lugar de prejubilarse a los 55 años con suculentos sueldos. Igual debería ocurrir con quienes se apropiaron indebidamente de un dinero que no era suyo la pasada semana, pues su comportamiento podría ser delictivo y penado con cárcel si la cuantía obtenida hubiese superado los 400 euros. Tolerancia cero con el fraude y los lazarillos.