Artículo publicado por José Alberto León Alonso en El Día el 19/06/16.
Enfrascados como estamos con la nueva campaña electoral que nuestros políticos nos han “regalado”, para los españoles está pasando un poco desapercibido el referéndum del próximo día 23 de junio sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea, más conocido como Brexit (un acrónimo de las palabras en inglés (British exit, salida británica).
Convocado por su primer ministro, David Cameron, como resultado de su promesa electoral, la salida de Reino Unido de la UE cobra fuerza con cada sondeo conforme se acerca la fecha prevista para el referéndum. Hay que reconocer que Cameron está demostrando ser uno de esos irresponsables aprendices de brujo que de cuando en cuando acceden al gobierno de los países y que, en lugar de resolver problemas, se dedican a crearlos provocando crisis tras crisis hasta que alguna le estalla en las narices. Así, el referéndum independentista en Escocia, que a punto estuvo de romper del Reino Unido, no lo escarmentó y decidió casi sin solución de continuidad convocar un nuevo referéndum, esta vez para romper la Unión Europea.
Los británicos siempre han sido renuentes al proceso de integración europea. Cuando se creó el germen de la actual UE, la Comunidad Económica Europea (CEE), respondieron en 1960 creando su propia zona de libre comercio (la EFTA – European Free Trade Association) con los países que habían quedado fuera de la misma, aunque poco a poco seis de ellos (entre ellos el Reino Unido) la abandonaron para ingresar en la UE, mucho más eficaz y exitosa, hasta quedar cuatro en la actualidad. Ya en 1975, apenas dos años después de su ingreso en la UE, en el Reino Unido se celebró un referéndum sobre la permanencia del país en la CEE, con un resultado entonces favorable a la permanencia. Pero las suspicacias británicas hacia Europa siempre han estado presentes, lo que ha provocado que el Reino Unido no participara en el euro ni en la libre circulación de personas en Europa.
Cuál será el resultado del referéndum es una incógnita. Los motivos que movilizan a los votantes en referéndums sobre asuntos europeos, están más relacionados con sus sentimientos de apoyo o aversión hacia la integración europea o con disputas de política interna, que con la pregunta en sí misma. En este caso, muchos británicos lo ven como una oportunidad de castigar a un primer ministro impopular como Cameron, y la campaña explota el recelo de los británicos a la inmigración y el terrorismo, ante los que pretender implantar controles fronterizos.
El impacto económico de una posible salida del Reino Unido de la Unión Europea es difícil de evaluar, pero en cualquier caso negativo para todos. El coste de salida sobre el nivel de PIB del Reino Unido oscila entre el 1% y el 5% a tres años vista, pero el impacto sobre la vida de las personas sería mucho mayor. Hay 2 millones de europeos trabajando en el Reino Unido, y 1,2 millones de británicos trabajando en el resto de la UE. No está claro qué sucedería con todos ellos. Si el gobierno británico decide imponer restricciones al permiso laboral, como parece desear su población, otros países harían lo mismo.
En cualquier caso, lo peor es que se abriría un largo periodo de inestabilidad. En virtud del artículo 50 del tratado europeo, se negociaría durante dos años un acuerdo de retirada, pero los términos los fijaría unilateralmente la UE, ya que el país que se retira del club europeo no participará durante el periodo de negociaciones. Es un divorcio nada amistoso y nada rápido. Los partidarios del Brexit argumentan que, por interés mutuo, Europa ofrecería buenas condiciones para que el Reino Unido siguiese formando parte del mercado único, pero los incentivos políticos para Europa son los contrarios. Existe un buen número de ciudadanos europeos descontentos con la UE y unos partidos populistas en auge deseosos de culpar a alguien de la reciente crisis. Si la salida del Reino Unido (RU) es exitosa, los referéndums de salida de la UE se multiplicarían por toda Europa. Así que lo conveniente para Europa es que el desafío británico no salga gratis, sino todo lo contrario.
No solo los británicos sufrirían las consecuencias de la salida del RU de la UE. El sector financiero europeo sería uno de los más afectados, lo que explica que Irlanda, Malta, Luxemburgo, Chipre y Suiza serían los que más sufrirían. España vendría justo detrás de ellos, dada la fuerte presencia de empresas españolas en el mercado británico, especialmente en el sector bancario y en el de las telecomunicaciones, y el turismo también podría verse gravemente afectado, pues cabe esperar una fuerte depreciación de la libra esterlina, lo que encarecería el coste del turismo británico hacia el exterior.
Lo peor es que apenas el 25% de los británicos reconocen tener toda la información que necesitan para tomar una decisión informada en un asunto de tanta trascendencia como éste. Para evitarlo, quizás habría que seguir ejemplos de democracia deliberativa como los del Estado de Oregón. Precisamente el estado que celebró la primera consulta popular en Estados Unidos, y el que más referéndums ha realizado desde entonces, se ha dado cuenta de que las consultas se realizan sin que los ciudadanos estén debidamente informados. Por eso desde 2011 ha establecido por ley que un panel de ciudadanos revise, debata y apruebe conclusiones acerca de las iniciativas legislativas populares que se presenten para ser sometidas a referéndum, entrevistándose con expertos independientes, así como con grupos que apoyan o rechazan la propuesta que se va a someter a referéndum. Con toda esta información elaboran una “Declaración Ciudadana” que destaca las conclusiones alcanzadas tras el debate, y los más importantes argumentos a favor y en contra de ella. Esta declaración se hace llegar a los votantes con el fin de proporcionarles la información no partidista más imparcial posible sobre el asunto a votar. Claro que nos llevan un siglo de ventaja.