Artículo publicado por José Alberto León Alonso en Diario de Avisos el 29/06/14.
El Gobierno ha presentado varios anteproyectos de reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), Sociedades (IS) y Ley General Tributaria, que en conjunto denomina “Reforma Fiscal” y que inicia ahora su tramitación en las Cortes Generales para su aprobación antes de final de año. Tras año y medio de anuncios y el informe de una Comisión de Expertos, el resultado no ha podido ser más decepcionante. Ni siquiera debería llamarse reforma fiscal, pues viene a ser poco más que la marcha atrás (parcial, eso sí) del incremento del IRPF de 2012.
Si se compara con la situación actual, todos los perceptores de rentas del trabajo salen beneficiados pues en la primera nómina de 2015 verán cómo se reducen sus retenciones y su salario neto aumenta respecto al actual. El “timing” no es casual ya que 2015 es año de elecciones locales, autonómicas y generales y la reforma tiene un gran “tufillo” electoralista. Con esta reforma todos los rangos de renta del trabajo y especialmente las bajas y las medias, pagarán menos en 2015 que en 2014. Pero si se compara con el año 2011, no todas las rentas salen beneficiadas, ya que pese a las reducciones de tipos impositivos se modifican diversas deducciones de tal forma que, para el caso de un contribuyente sin hijos, solo los ciudadanos con una nómina bruta menor de 31.000 euros pagarán menos en 2015 por el IRPF que en 2011, mientras que los demás pagarán más. No podía ser de otra forma pues mientras el incremento de la recaudación de la subida del IRPF de 2012 fue de unos 6.000 millones de euros, la reducción de 2015 será de unos 4.500 millones. Esos 1.500 millones de euros de diferencia tiene que pagarlos alguien, y esos son las rentas medio-altas y altas.
En líneas generales, en la reforma no se incorporan la mayoría de las recomendaciones del Comité de expertos (el llamado Informe Lagares), que iba en la buena dirección. Ese informe proponía la bajada de tipos en IRPF y Sociedades, ahora de los más elevados de la Unión Europea; el mayor peso de los impuestos sobre la propiedad, ahora de los más bajos de Europa; la simplificación del sistema tributario (menos deducciones y tipos más bajos); y la subida del IVA y reducción de cotizaciones sociales para favorecer la creación de empleo. La bajada de tipos se produce, pero no se eliminan las deducciones, ni se tocan los impuestos sobre la propiedad, ni las cotizaciones sociales, ni apenas el IVA, excepto para algunos productos sanitarios a los que obligaba una sentencia europea. Si no se va a hacer caso de un grupo de expertos que propone una reforma fiscal en profundidad para una tributación más eficiente y equitativa, ¿para qué se les encarga nada?
Multitud de estudios han demostrado que es más eficiente lograr que paguen más personas y se pague por todas las rentas, no importa su procedencia, que modificar únicamente los tipos nominales. Para ello, habría que eliminar la práctica totalidad de las deducciones que reducen en más de 15.000 millones de euros la recaudación del IRPF, tal y como proponía el Informe Lagares. Pero apenas se eliminan unas pocas, aunque se introducen otras nuevas. Más recomendaciones no asumidas. La Comisión de Expertos proponía igualmente eliminar el régimen de módulos para los empresarios, que ha probado ser una fuente de fraude fiscal, y el Gobierno únicamente lo limita levemente. También proponía el Informe Lagares eliminar las rentas del trabajo en especie (otra fuente de fraude) y éstas se mantienen. Especialmente flagrante es la inmovilidad respecto a la tributación sobre la propiedad. Los expertos proponían gravar el patrimonio inmobiliario a través de un Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) nacional. Los tipos impositivos se aplicarían sobre el valor de mercado de los inmuebles, en lugar del valor catastral. Hubiera sido una medida equitativa porque los que tienen mayor capacidad de pago suelen tener más patrimonio inmobiliario, y eficiente porque la recaudación no se resentiría por su incremento impositivo, ya que los inmuebles no se pueden sacar del país ni ocultar, como otros activos, pues están inventariados. Nada de esto se toca.
En la rentas del ahorro, los expertos proponían reducir sensiblemente la cuantía exenta máxima destinada a planes de pensiones, ya que su alto importe favorece a las rentas elevadas. ¡Quién si no puede invertir 833 euros al mes en un producto bloqueado hasta la jubilación! Pues bien, el Gobierno reduce este tope únicamente de 10.000 a 8.000 euros. Ahora los contribuyentes con rentas superiores a 60.000 euros “solo” se ahorrarán 3.700 euros en impuestos en lugar de 4.700. Menudo avance en la equidad tributaria. El Informe Lagares proponía evitar la intermediación bancaria para el pequeño ahorrador creando una cuenta-ahorro (la “Sicav para pobres”) desde la que los pequeños ahorradores pudieran invertir su dinero en cualquier activo sin pagar impuestos hasta el reembolso. También esto se ha quedado en nada. A cambio, Hacienda se ha inventado una especie de depósito o cuenta garantizada (Planes Ahorro 5) cuyos intereses estarán libres de impuestos si se mantienen cinco años, pero que tendrá que ser gestionado por la banca o las aseguradoras, y que las entidades financieras utilizarán para abaratar la captación de pasivo ofreciendo bajas rentabilidades y altas comisiones, tal y como vienen haciendo con los Planes de Pensiones. Un favorcillo a bancos y aseguradoras. Teniendo en cuenta que la máxima aportación anual será 5.000 euros, con un 85% mínimo de capital asegurado la rentabilidad no será gran cosa, así que el ahorro fiscal será muy limitado. Con 5.000 euros a un 3% de rentabilidad (que ya sería alto) obtendríamos 150 euros brutos de intereses, y nos ahorraríamos la friolera 28,50 euros en impuestos al no declarar el 19% del tipo impositivo sobre el ahorro. No dudo que haya quien “pique” e inmovilice su ahorro durante cinco años a cambio de 28 euros, pero considerar este producto como un incentivo al ahorro parece una broma. Cuando los trabajadores se ven abocados a buscar activos de alto rendimiento para complementar su futura exigua pensión, resulta inverosímil que el Gobierno deje fuera de los Planes Ahorro 5 a los activos con mayores rendimientos.
En fin, una reforma que no es tal y van… y es que el actual Gobierno se está especializando en dejar todas sus reformas a medias y limitarse a parchear: la laboral, la bancaria, la de las administraciones, la educación, las pensiones y ahora la fiscal. El que venga tras las elecciones tendrá que volver a reformarlo todo para cuadrar las cuentas de nuevo. Menuda legislatura desperdiciada.