Artículo publicado por José Miguel González Hernández en el número de enero de La Gaveta Económica.
Comienza un nuevo año. Y con él, los propósitos se renuevan. Uno de los primeros a tener en cuenta debería ser el de apostar por dotar de mayor maduración a los sistemas democráticos de participación. Además, la demanda de este tipo de procesos se hace más latente cuando se detecta que falta, por un lado, armonizar la satisfacción de los derechos y deseos privados reclamados por individuos y grupos y, por otro, responder a las necesidades funcionales del sistema. De hecho, el diálogo se hace necesario para establecer una forma específica de gobierno, diseñando una situación ideal o hipotética en la que se abstrae la realidad para, partiendo de su descripción concreta, intentar justificar el libre sometimiento a un cuerpo gubernamental, dado que el poder sólo es legítimo si es consentido por cada individualidad, sobre todo si se puede ser parte de este como modulador y planificador de las normas.
A través de estos acuerdos se contraen compromisos destinados a encuadrar una conducta, mediante el esfuerzo conjunto, con la finalidad de proceder a la superación de las dificultades económicas y a la conducción de las relaciones sociales en beneficio de los intereses generales. Esta práctica corresponde a un tipo de política de acuerdo social en la que los protagonistas conciertan sus voluntades para enfrentar diferentes situaciones. El fundamento de la concertación, el diálogo y la negociación reposa en la existencia de grupos intermedios en la sociedad con intereses, derechos y fines propios. Estos grupos, dotados de autonomía colectiva, autorregulan sus relaciones profesionales y procuran incidir en el rumbo de las políticas económicas y sociales que toma el poder político.
Ahora bien, la concertación social puede ser presentada desde dos puntos de vista: como una nueva forma de intervencionismo o como una nueva forma de negociación colectiva, entendiéndola desde una concepción amplia. Porque el diálogo social surge como uno de los mecanismos para evitar el probable conflicto derivado de la gestión del pluralismo en las sociedades democráticas. Así, las organizaciones, a través de los consensos, pasan a tener el papel de participantes en lugar de meros espectadores. Por ello, los procesos de concertación social afectan necesariamente el ejercicio del poder, pues suponen que el escoger una opción que constitucionalmente corresponde a la Administración Pública, le sujeta a una negociación entre ésta y los actores sociales, a fin de lograr un consenso, ya no solo de orden parlamentario, sino político y social, confiando en la fuerza organizativa para suplir la posible carencia de legitimidad.
Esta opción como instrumento se justifica si atendemos, por un lado, a su concepto amplio y comprensivo de todas las formas de trato y relación de los actores sociales sobre el conflicto y, por otro, al hecho que el desarrollo de la negociación colectiva desborda las definiciones tradicionales, que apuntan al procedimiento bilateral y autónomo tendiente a celebrar un acuerdo normativo para la determinación de unas condiciones determinadas como solución a los conflictos colectivos existentes.
Por ello, deben entenderse bajo el umbral de la búsqueda de acuerdos para la gobernabilidad, consolidación de los sistemas democráticos de participación y la transformación de las estructuras económicas y sociopolíticas. De hecho, se pretende asumir la búsqueda de la igualdad social como bien común al menos en el campo de las oportunidades. Esto replantea la temática del consenso sobre la base de la cultura de la solidaridad procesal en el cual los contrarios se convierten en estrategas que aceptan métodos para resolver sus diferencias, respaldados por la argumentación y la racionalidad democrática. El establecimiento de unas instituciones marco que sepan configurar un esquema dentro del cual ha de desplegarse la actividad social, se convierte en lo prioritario.
El análisis del diálogo social y la negociación aporta una serie de instrumentos que destacan la importancia del lenguaje y los signos puestos en juego. No obstante, la insistencia en la pertinencia del diálogo para solucionar conflictos ha hecho que estos enfoques puedan llegar a conclusiones que de tan irreprochables se vuelven inocuas, es decir, que se queden en una mera declaración de intenciones.
Aunque pudiera parecer que las concertaciones pertenecen más bien al mundo de la política simbólica, ya que logran presentar fachadas de consenso sin resolver a fondo los problemas en torno a los cuales fueron convocados, hay que resaltar el hecho de que muchas veces se constituyen en el instrumento idóneo para reducir tensiones sociales y hacerlas políticamente manejables a través del diálogo. La generación de confianza entre los actores, ante fuertes polarizaciones políticas y la generación de una visión conjunta de un problema entre los participantes, abren camino a posibilidades de solución del objeto del conflicto.
En definitiva, según la importancia y la atención que se le quiera dar, puede ser una fuente de estabilidad o inestabilidad para las diferentes partes integrantes en el proceso. Porque formalizar un compromiso es una ardua tarea, siempre inacabada al estar los problemas y las oportunidades, tanto sus causas como sus consecuencias, en continuo movimiento. Porque las sociedades cambian y, con ella, sus instituciones. Aunque, tal vez, no al mismo ritmo.
José Miguel González Hernández
Director de Consultoría
Corporación 5