Artículo publicado por José Alberto León Alonso en El Día el 01/05/16.
¿A qué criterio responde el mapa autonómico actual? Digámoslo claro: a ninguno. ¿Cómo se elaboró? Sin establecer previamente ningún diseño racional, sino atendiendo a conveniencias políticas, a apaños y acuerdos entre bambalinas. Se hizo de forma atolondrada y sin el más mínimo rigor. Lo lógico hubiera sido establecer un criterio general básico que atendiera, no a fantásticos orígenes, sentimientos, esencias o derechos históricos, sino a elementos objetivos como la geografía, la lengua y el número de habitantes, estableciendo un mínimo poblacional que garantizara cierta eficiencia en la prestación de servicios públicos, que al fin y al cabo es a lo que se dedican las comunidades autónomas (CC.AA.).
¿Cómo podemos justificar hoy la existencia de comunidades uniprovinciales como La Rioja, Murcia, Asturias, Cantabria o Navarra, al lado de otras como Castilla y León o Andalucía? El actual mapa autonómico debería ser sustituido por otro más racional, más equilibrado, que responda a criterios objetivos como la mejora de los servicios públicos, de estímulo al desarrollo productivo y una mejor organización administrativa. Una reforma técnicamente justificada pero que igualmente busque la igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a la educación, la sanidad, el trabajo y las comunicaciones.
¿Cuántas CC.AA. son necesarias? 17 son demasiadas. Alemania tiene 16 con un 75% más de población, y numerosos estudios realizados en el país bávaro proponen reducirlas aún más. En Brasil la población media por región es de 7,3 millones de media; en Estados Unidos, de 6,2 millones; en Sudáfrica, de 5,6 millones; y en Alemania, de 5,1 millones de habitantes por territorio. España tiene unos 2,8 millones de habitantes por comunidad autónoma, pero debería aproximarse a la ratio de Alemania. La multiplicidad de CC.AA. con pequeña población genera sobrecostes en sus gastos de funcionamiento y, lo que es peor, multiplica el número de normas que cumplir sin estar justificado por el pequeño número de habitantes gobernados. Lo lógico sería imponer una población mínima y marcar nuevos confines a las regiones, reduciéndolas, con el fin de racionalizar costes, servicios y nuevas funciones, eliminando así una monstruosa burocracia y el consiguiente despilfarro.
Una reducción en el número de regiones tendría tres efectos muy positivos: a) En primer lugar supondría una notable disminución del gasto público. El gasto estructural del Estado disminuiría. Se haría lo mismo (y probablemente mejor) con menos dinero, algo imprescindible para asegurar la estabilidad de las finanzas públicas. b) La supresión supondría una notable simplificación del funcionamiento del Estado, en general, y de los órganos e instituciones de cooperación e integración. Es más fácil poner de acuerdo a diez o doce, que a diecisiete. c) Y desde un punto de vista político, la supresión de aquellas comunidades que no se fundamentaron sobre una auténtica demanda social de autogobierno, reforzaría la identidad de las regiones en las que esa demanda es real. No en vano, en diez CC.AA. los ciudadanos prefieren una menor autonomía a la situación actual. En definitiva, con esta reducción lograríamos un Estado más barato, más eficaz y más integrador.
Respecto al primer punto, si se analizan los gastos de funcionamiento (gastos de personal y gastos corrientes en bienes y servicios) de las CC.AA. españolas, se observa que las CC.AA. con una población menor o cercana al millón de habitantes tienen mayores gastos de funcionamiento por habitante (2.100 euros por habitante). Estos mayores gastos vienen a representar un sobrecoste de alrededor del 20% sobre la media nacional en el coste por prestación de los servicios públicos (1.750 €). Las CC.AA. con una población entre 1,3 y 2,8 millones de habitantes muestran un gasto de funcionamiento por habitante (1.725 €/hab.) en torno a la media (1.750 €/hab.). Finalmente, las CC.AA. con más de 5 millones de habitantes tienen un gasto por habitante de 1.500 €, lo que supone un 14% menos que la media.
Es decir, si todas las CC.AA. tuvieran más de cinco millones de habitantes, los gastos de funcionamiento totales se reducirían en torno a 11.500 millones de euros al año, con una prestación de servicios igual o mejor que la actual. Esta cifra es mayor que la que supuso los recortes en sanidad y educación implementados en 2012 por el gobierno del Partido Popular, pero en este caso el ahorro no se haría a costa de una reducción en el nivel de los servicios públicos. Más importante incluso sería el impacto económico de la reducción en el número de normas autonómicas (y la complejidad innecesaria añadida) que la agrupación de CC.AA. comportaría. Evidentemente existen circunstancias geográficas (el hecho insular en Baleares y Canarias) e incluso de sentimiento histórico (Navarra, País Vasco), que aconsejan mantener un régimen de autogobierno propio para regiones con una población inferior a los cinco millones de habitantes, pero muchas de las CC.AA. actuales fueron creadas artificialmente a partir de 1978, por los intereses de sus élites, sin una demanda real de autogobierno de sus poblaciones detrás. Incluso con esas excepciones, el ahorro anual en gastos de funcionamiento rondaría los 9.000 millones de euros.
¿Cómo habría que reagrupar las regiones? Cualquiera diría que atendiendo a aspectos económicos, geográficos e históricos, pero la concreción es la que desataría pasiones pues la historia de nuestras regiones ha entrecruzado a las unas con las otras en numerosas ocasiones. Pero lo importante sería acercarnos en lo posible a una ratio de 4-5 millones de habitantes por región de media, tal y como proponen los estudios de eficiencia. Estos ratios nos llevarían a unas 10-12 regiones, lo que se lograría básicamente integrando a las CC.AA. uniprovinciales en otras más extensas. No parece desdeñable un potencial ahorro de 9.000 millones de euros al año como para ignorarlo.